No obstante, pasada la polémica concentrada en las pretensiones del expresidente y más allá de sus intentos de seguir jugando un rol protagónico en el ámbito político, corresponde concentrarse en el camino que resta por recorrer hasta las elecciones generales del 3 de mayo y, probablemente, hasta la segunda vuelta prevista para junio. Y el protagonista principal de este proceso es, sin duda, el reconstituido Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que le toca reconstruir la institucionalidad resquebrajada desde el poder. 
En el Derecho Político, la institucionalidad se entiende como un atributo básico del ejercicio del poder dentro de un Estado de Derecho así que incluye a la normativa que gira en torno a la organización de un país.
Como ya afirmamos en anteriores editoriales, la institucionalidad del país se quebró a partir del 28 de noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional 0084/2017 que autorizaba la participación de Morales en una nueva candidatura, proyectada entonces para 2019. La ruptura constitucional era el desconocimiento de la Constitución que en su artículo 168 solo autoriza una reelección presidencial y Evo ya iba por la cuarta.
Los demás hechos, como el desconocimiento del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la habilitación del binomio Morales-García Linera, fueron crueles golpes de hacha que arrancaron pedazos del cuerpo de la institucionalidad boliviana. El fraude electoral del 20 de octubre de 2019 fue el tiro de gracia que, de haberse consolidado, iba a significar la muerte, total e irreversible, de esa institucionalidad.

La ciudadanía boliviana salió a las calles y eso dio paso a un gobierno de transición que ahora se encuentra inmerso en la contienda electoral. 
Mientras esta termina, es el Órgano Electoral el llamado a conducir al país a la elección de un nuevo gobierno que deberá reconstruir la institucionalidad tan socavada en distintos niveles.
El actuar del TSE, que debe ser, ante todo, apegado a la norma, será vigilado por la ciudadanía. Corresponde recordarlo, una vez más, a sus autoridades nacionales y departamentales, que se enfrentan además a la urgencia de recuperar la credibilidad, tirada por la borda el año pasado.
Transparencia y claridad, además del respeto a la ley, ayudarán a avanzar.

Sin embargo, casi tan importante como el rol que desempeñan las autoridades electorales, es el papel de los actores políticos, a quienes la población sigue reclamando acciones que estén a la altura de las circunstancias.
Más allá de la demandada unidad, que por lo visto ha sido descartada por todos los frentes en carrera, corresponde que los candidatos guíen el debate hacia lo que realmente le interesa a la ciudadanía y la campaña pueda trascender el ya acostumbrado espectáculo de las pugnas, los ataques y los anuncios sin sentido. La población está esperando más señales.