Según un análisis del contrato que realizó la concejala Rocío Molina (MAS), se identificó que el 26 de enero de 2018 se firmó el contrato de provisión del servicio. El mismo otorga 45 días calendario para entregar todas las mochilas a partir de la notificación con la orden de entrega.

El 19 de febrero del presente año se hace la primera entrega de mochilas. “Lo que hace presumir que la orden de entrega mínimamente fue notificada el 16 de febrero. Entonces, el 2 de abril finaliza el plazo de 45 días para la entrega total de las mochilas”, analizó Molina.

Sin embargo, el 13 de abril recién se resuelve el contrato, el cual fue dado a conocer por el alcalde José María Leyes durante su audiencia de medidas cautelares. La autoridad indicó que se resolvió por caso fortuito o de fuerza mayor estipulado en el contrato.

“Al respecto nos debemos preguntar qué provisión debía ser suspendida si el plazo para la entrega ya había fenecido el dos de abril. En ese sentido, la Alcaldía debía resolver contrato por incumplimiento de contrato, ejecutar la boleta de garantía de cumplimiento de contrato, cobrar multas y castigar la empresa en el Sistema de Contrataciones”, explicó Molina.

Siguió: “Por lo tanto, el Alcalde, al considerar la resolución por caso fortuito eximió de forma ilegal a la empresa de todas los castigos que prevén las normas”.

La carta de resolución enviada por la Alcaldía señala: “Le comunicamos que el Contrato LP Nº 04/2018 para la Compra Mochilas Escolares queda resuelto en sujeción a la cláusula décima novena numeral 19.3 del propio contrato”.

Sigue: “A partir de la fecha de recepción de la presente ante Notario de Fe Pública; la Asociación Accidental (…) deberá suspender la provisión de bienes y proceder conjuntamente la Unidad Solicitante, a fin que el Gobierno Municipal practique la liquidación de costos y gastos”.

Según algunos funcionarios del municipio, entre el 80 y 90 por ciento de las mochilas ya se entregaron y faltaba un monto mínimo. Por todo esto, la Alcaldía deberá pagar a la empresa.

Según explicaron, existen dos vías. Una de ellas es la conciliación, es decir, a través de reuniones se establecen los montos gastados por la empresa y, si la Alcaldía está de acuerdo, se realiza el pago. Caso contrario, se inicia un proceso coactivo fiscal.

Proceso ficticio

Durante la audiencia de medidas cautelares de la funcionaria Carolina Ayala, el Ministerio Público expuso que el proceso de las mochilas fue ficticio. El fiscal aportó con los documentos de Aduana, del ingreso de las mochilas y el material con los logos 104 y 21 días antes de la publicación de la licitación.

Agregó que el Documento Base de Contratación fue hecho en base a todo lo que se tenía comprado, por lo tanto, el proceso fue ficticio y se buscó que todos cumplan sus respectivos roles a cabalidad para evitar ser investigados.

Un mes de la denuncia. Se cumplieron cuatro semanas desde la denuncia del caso de las mochilas escolares. Se develaron numerosas irregularidades.

DATOS

Proceso por compra de mochilas escolares. Uno de los procesos corresponde a la compra irregular de las mochilas, en el que están siendo investigados los que firmaron el contrato: el alcalde José María Leyes, la secretaria de Desarrollo Humano Andrea García y el representante de la empresa Néstor García Maygua.

Proceso por borrado de información. Asimismo, ante la denuncia de 14 funcionarios de Desarrollo Humano por el borrado de información de 14 computadoras, se abrió otro proceso de investigación contra el director de Transparencia Max Rodríguez y el responsable de Sistemas Marko Bascopé, y como testigo, Sergio Coca.

PRESIDENTA DE LA ADUANA NACIONAL ESTÁ DISPUESTA A DECLARAR POR LAS MOCHILAS

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, informó ayer que está dispuesta a declarar como testigo en el proceso penal que se inició en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y otros por la presunta compra con sobreprecio de las mochilas para los estudiantes.

“Yo iría con testigo, con los papeles; pero en el hecho tienen que responder los que han intervenido. La labor del máximo ejecutivo es de bastante riesgo siempre y puede derivar en responsabilidad por no implementar mecanismos de control”, declaró.

Aclaró que el trabajo de la Aduana Nacional fue brindar información sobre la importación de las mochilas relacionadas con el costo a pedido de la senadora Carola Arraya (MAS), sin embargo, será un juez el que determine “cómo es, qué es, si hubo o no hubo” alguna irregularidad.

Sobre los funcionarios que trabajaron en la Aduana Nacional —Juan de Dios Morales, uno de los importadores de las mochilas y asfalto para la Alcaldía, y José Miguel Padilla Parada, secretario de Atención al Ciudadano de la Alcaldía—, manifestó que estuvieron en la Aduana Nacional hasta 2010.

Pero la compra de las mochilas y el trabajo de los funcionarios “son dos cosas distintas. Todos tenemos derecho al trabajo”.

La Aduana entregó la información sobre las mochilas a la senadora y la concejal Rocío Molina la difundió.