El caso más agudo es la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a favor de Rebeca Delgado, quien fue vetada para candidatear a la Alcaldía de Cochabamba por el Tribunal Supremo Electoral, pese a que fue destacada dirigente del partido oficialista, MAS y presidenta de la Cámara de diputados de la Asamblea Legislativa, pero que se retiró de esa tienda partidaria por diferencias políticas. La ex legisladora se había querellado contra el Viceministro de Régimen Interior por supuesta violencia y acoso político, enseguida de que la relacionaran con un grupo separatista. El dictamen del Comité de Derechos Humanos constituye un mandato internacional que deberá ser cumplido por el Estado.

Otro veredicto internacional en relación con el Estado Plurinacional fue el de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, que en un informe sobre mandatos presidenciales indicó que la reelección ”no es un derecho humano como tal”. Esa opinión, solicitada por la OEA a dicha Comisión, destaca que esa situación se debe al contexto “de una mala práctica observada recientemente en América Latina, de modificación de los términos presidenciales mediante una decisión de los tribunales constitucionales, en lugar de proceso de reforma”. Y concluye que “el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto”, aspecto de fondo que afecta a una anunciada repostulación de Evo Morales.

Otro caso candente se sumó a ese panorama que afecta al interés de la tienda gobernante, que consistió en que nada menos que seis del total de miembros de Unasur se retiraron de la organización por tiempo indefinido, dejándola en un estado de orfandad y privando al gobierno de Bolivia de las ventajas económicas y políticas que pensaba obtener. Por lo tanto, esta nueva cuestión se la puede graficar con el dicho “sobre mojado, llovido”.