El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, destacó ayer que el decreto que aprobó el gabinete ministerial, que prohíbe el uso de bienes y recursos del Estado en campaña para las elecciones nacionales, es una muestra de que el Gobierno separará la gestión pública de la propaganda política.
“No vamos a utilizar los bienes públicos para propaganda política y vamos a separar lo que es la campaña electoral de la gestión pública (...), la señal está clara, el Gobierno nacional va a separar lo que es la gestión pública de lo que es la campaña electoral”, informó en conferencia de prensa.
Explicó que la prohibición del uso de bienes, servicios y recursos del Estado estaba contemplada en otras normas, pero autoridades del régimen del expresidente Evo Morales no aplicaban esa medida.
“Son aspectos que, si bien están contemplados en normas, no han sido tomados en cuenta por el anterior Gobierno, que hizo uso y abuso de bienes y recursos públicos para su campaña electoral”, indicó.
El decreto aprobado por el gabinete ministerial establece su cumplimiento obligatorio en “toda la estructura del Órgano Ejecutivo, sus entidades desconcentradas, descentralizadas, autárquicas, empresas públicas, empresas en las que el Estado tenga mayoría y participación accionaria, autoridades de fiscalización y control social y otras autoridades de regulación”, además de todo el personal que desempeña funciones en esas entidades.
El artículo 3 de esa norma instruye que durante actividades con fines de campaña queda prohibido el uso de vehículos, aeronaves, embarcaciones y otros medios de transporte; además de bienes, servicios y recursos económicos públicos.
Impide, asimismo, disponer de la jornada laboral o del personal dentro o fuera de las instalaciones de las entidades del Estado; además de prohibir el uso de cualquier medio de comunicación masivo o interactivo estatal.
Prohíbe, también, usar espacios de inauguración y entrega de obras públicas, programas o proyectos para pedir el voto.
Núñez advirtió que la vulneración de ese decreto “representará responsabilidad por la función pública y el inicio de acciones legales”.