ANF hizo un recuento de autoridades departamentales y municipales procesadas por la justicia en la que no están incluidos municipios de ciudades intermedias o del área rural, donde también hay autoridades con procesos penales y en algunos casos fueron separados de sus cargos.

En 2008, Leopoldo Fernández, prefecto (gobernador) de Pando, fue alejado de su cargo al ser procesado por los hechos de la denominada masacre de Porvenir, donde murieron varios campesinos; en su lugar, el presidente Evo Morales nombró a Landelino Rafael BandeiraArze.
El mismo año, Savina Cuéllar fue elegida prefecta de Chuquisaca y estuvo en el cargo un año y algunos meses; fue procesada por los actos de racismo contra campesinos ocurrido el 24 de mayo de 2008. Para Cuellar ese caso fue fabricado por el MAS para sacarla de la prefectura. Fue reemplazada por un militante del oficialismo.

Posteriormente en 2010, Mario Cossio, electo primer gobernador de Tarija fue suspendido del cargo por procesos penales en su contra por presuntos hechos de corrupción; aquel año Cossio calificó como un golpe de Estado su alejamiento. Fue reemplazado por el entonces asambleísta del MAS, Lino Condori. Cossío abandonó el país en diciembre de 2010 y se refugió en Paraguay.

Luego en 2011, la mayoría masista en la Asamblea del Beni suspendió del cargo al gobernador Ernesto Suárez por presuntos actos de corrupción; en ese entonces la Fiscalía acusó a Suárez de manejos irregulares en el proceso de reparación de un motor para la generación de energía eléctrica para San Borja. Suárez denunció un golpe de Estado.

Alcaldes suspendidos

En 2009, la alcaldesa Ayde Nava fue suspendida por el Concejo de la ciudad de Sucre a causa de una resolución emanada por el Ministerio Público, que la acusó de irregularidades en la adquisición de 80.000 bolsas de cemento. Fue sustituida por Hugo Loayza (MAS).

En junio de 2010 el alcalde de Sucre, Jaime Barrón, fue suspendido del cargo porque tenía en contra una acusación formal por delitos de racismo, sedición y otros, por el caso de la humillación a campesinos en la Capital el 24 de mayo de 2008. Barrón renunció a la alcaldía y fue reemplazado por Verónica Berrios (MAS).

En 2010 René Joaquino, alcalde electo de Potosí por Alianza Social (AS), fue suspendido del cargo por el Concejo Municipal por un proceso penal por la supuesta compra ilegal de vehículos usados. Fue reemplazado por Zenón Gutiérrez. Ese año Joaquino calificó su suspensión como un accionar político del MAS.

Posteriormente en febrero de 2013 Joaquino fue restituido en el cargo de Alcalde gracias a un fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que declaró ilegales los artículos de la Ley de Autonomías que fueron utilizados para alejarlo del cargo.

El artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías sobre la suspensión temporal dispone que “Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Máxima Autoridad Ejecutiva Regional, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales de las entidades territoriales autónomas, podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra Acusación Formal”.

Ahora el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, podría ser la octava autoridad alejada del cargo ya que tiene un proceso por el denominado caso mochilas chinas, por el cual cumple con la detención domiciliaria.