El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, destacó que este decreto es una “muestra clara” de parte del Gobierno de su intención de separar la campaña electoral de la gestión pública.

Señaló que, antes, la norma ya prohibía el usar los bienes públicos para proselitismo, pero no se cumplía en el anterior Gobierno, al cual acusó de hacer “uso y abuso de los recursos públicos para la campaña electoral”.

El DS se aplicará al Órgano Ejecutivo, sus entidades desconcentradas, descentralizadas, autárquicas, empresas públicas y empresas en las que el Estado tenga participación accionaria , entre otras.