Los accionantes, que son dirigentes de la subcentral de Tariquía y representan a comunidades que viven dentro de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, han interpuesto esta acción legal debido a que aún no han sido consultados por el Estado respecto al DS 2366 emitido el 20 de mayo del año 2015. El decreto es observado por organizaciones de pueblos indígenas originarios campesinos que tienen territorios sobrepuestos con áreas protegidas y exigen la realización de la consulta ya que sus tierras serán afectadas por los impactos ambientales de la actividad extractiva de hidrocarburos.

Previamente a la demanda, en fecha 26 de julio y 5 de septiembre del 2019, la Subcentral ha mandado dos cartas al presidente en ese entonces Evo Morales pidiéndole concertar mediante el diálogo los procedimientos y el lugar para la efectivización del derecho a la consulta omitido, pero nunca recibieron respuesta, por lo que activaron los mecanismos de defensa constitucional.

La demanda, toma como parámetro legal la Sentencia Constitucional 0064/2016, en la que el Tribunal Constitucional expresa que la consulta del DS 2366 es un deber que debe cumplir el Estado y en su parte resolutiva exhorta al ejecutivo a concertar el procedimiento de la consulta del DS 2366. 

Durante el Gobierno de Evo Morales, la consulta, ha sido un derecho que ha causado movilizaciones y conflictos por el Tipnis y también por las áreas protegidas.

Ahora, la Subcentral de Tariquía, le solicita a la presidenta Jeanine Áñez considere el allanarse ante la demanda planteada y que se realice una consulta en el Palacio de Gobierno, donde se reúna con los pueblos para que ellos se manifiesten sobre el DS 2366.

La subcentral de Tariquia expresa que de no lograr la efectivización del derecho a la consulta se le abre las puertas de la CIDH para emplazar una demanda internacional en un plazo de 6 meses.