“Después de haber recibido información de que un hecho similar al de las mochilas en la gestión 2018 se hubiera llevado en la gestión 2017 con un mismo modus operandi (modo de operar) pues hemos llegado a la conclusión de presentar una segunda denuncia”, dijo el titular de esa cartera, Diego Jiménez.

Según la autoridad, el Gobierno municipal lanzó la primera convocatoria pública para la dotación de ese material el 23 de noviembre de 2016, pero la anulan bajo el “pretexto” de que no se habían incluido en el requerimiento un bolsillo para computadoras.

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Con la nueva condición, lanza una segunda convocatoria el 21 de diciembre que será resuelta después de 30 días con la adjudicación a una firma que tres días antes de la primera licitación ya había pagado por las mochilas en China.

“Producto de esta denuncia estamos presentando a consideración del Ministerio Público la factura de las mochilas en China que datan del 20 de noviembre de 2016”, dijo la autoridad en una rueda de prensa.

Eso no es todo. Jiménez aseguró que las enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC) de la segunda convocatoria se hicieron sobre la base de las “especificaciones técnicas” de las mochilas importadas en noviembre.

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“Quiere decir que ajustaron el proceso de licitación a las mochilas que ya ingresaron y ya estaban compradas para ese propósito”, denunció.

El alcalde Leyes guarda detención domiciliaria sin derecho a trabajo por el presunto favorecimiento y sobreprecio en la compra de 91.000 mochilas escolares para la gestión 2018 junto con una funcionaria Responsable de Contrataciones a la cual le concedieron medidas sustantivas.

La denuncia inicial fue planteada de forma inicial por la concejal del MAS, Rocío Molina, quien reveló que las mochilas que pretendía entregar el alcalde este año fueron compradas con la imagen institucional de la Municipalidad en agosto de 2017, 104 días antes de la licitación.

El caso que está en proceso de investigación fue calificado por Movimiento Demócrata Social (Demócratas), frente de Leyes, como una vendetta política por cuestionar el afán de repostulación del presidente Morales y pedir el respeto al referéndum del 21F en el que se rechazó esa posibilidad que luego fue habilitada por un fallo constitucional. (26/04/2018)