Según la denuncia presentada por la legisladora oficialista, una asociación accidental conformada por inversionistas que ya antes se habían adjudicado contratos para la provisión de asfalto y de mochilas escolares ganó, a fines de 2017, la licitación pública para proveer mochilas y útiles escolares al Gobierno Municipal cochabambino.

Por una parte, se descubrió que quienes ganaron el contrato, cuyo documento base de contratación especificaba que debía hacerse en el marco del apoyo a la producción nacional, habían comprado los bienes en China semanas antes de que se lanzara la licitación pública. Por otra parte, se descubrió que el costo de importación de cada mochila con su contenido era de aproximadamente la quinta parte del precio pagado por la municipalidad. Finalmente, se denunció que la propuesta adjudicada era la más costosa de todas las que se presentaron.

Una semana después de desatado el escándalo, y cuando el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ya había acusado al Alcalde cochabambino de incurrir en cinco delitos (contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de terceros con afectación al Estado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes), el burgomaestre anunció que había instruido rescindir el contrato y suspender los pagos a la empresa. Sorprendentemente, la empresa anunció públicamente que desistía de cobrar lo adeudado.

Lamentablemente, las partes involucradas (el oficialismo gubernamental y la oposición, representada por Demócratas, cuyo vicepresidente es el Alcalde cochabambino) se encargaron más pronto que tarde de mostrar los intereses detrás de la querella. Por una parte, llamó la atención la oficiosa investigación realizada por la presidenta de la Aduana Nacional para brindar pruebas del dolo en el contrato. Por la otra, representantes de los Demócratas trataron de minimizar el escándalo, atribuyéndolo a un plan para derrocar al burgomaestre, agregando que el anterior alcalde se beneficia de la lenidad del Ministerio Público, que no ha mostrado la misma celeridad al investigar la caída de un puente días después de su inauguración.

De todo ello queda la certeza de que la corrupción, lejos de ser un estigma inaceptable que pesa sobre quien la comete, es más un arma de lucha política; es decir, que importa menos sancionarla que usarla para atacar al adversario. Previsiblemente esta lógica solo producirá más descrédito de la clase política y, con ella, del sistema de Justicia. Urge un cambio de actitud.