Sucre/Erbol - Edición impresa

Los abogados del expresidente Evo Morales, Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, anunciaron que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),  y que esta instancia tendrá la última palabra sobre la habilitación del líder del MAS como candidato a primer senador por el departamento de Cochabamba.

“Se harán los recursos internos, la de amparo y la constitucional. Tenemos muy poca esperanza en eso. Creemos que estos términos exceden el tiempo de la elección. En definitiva, la última palabra en Bolivia la va a tener el Tribunal Constitucional Plurinacional, no sabemos cuándo porque podría dictar la sentencia después de las elecciones”, afirmaron los juristas en entrevista con CNN. 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a Morales por no cumplir el requisito de residencia permanente, dado que no vive en Bolivia desde noviembre. Sin embargo, los abogados creen que “esto contradice la jurisprudencia” y que “hay una discriminación porque a otras personas con las mismas condiciones se las habilita, a él se lo inhabilita”. 

En esa línea, Morales reveló el lunes que su “plan B” para ser habilitado como candidato es presentar un Amparo. Frente a esa situación, los juristas decidieron acudir al TCP, aunque no con muchas esperanzas respecto de los recursos internos porque consideran que el mismo Tribunal Constitucional “dictó una medida inconstitucional” al prorrogar el mandato de la presidenta transitoria Jeanine Áñez.

Demanda ante la CIDH

Una vez agotada las instancias internas, Zaffaroni y Ferreyra anunciaron que presentarán una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que puede “tomar medidas cautelares”.

En caso de no respetarse la misma, podrían solicitar las “medidas provisionales que son de cumplimiento obligatorio”.

En ese marco, los juristas creen que la CIDH y la Corte IDH se pronunciarán antes de las elecciones del 3 de mayo porque consideran que el caso Morales “llamará la atención de los jueces internacionales” ya que se trata “de un expresidente perseguido, exilado, al que le van a confiscar los bienes”. Dicen que incluso existen antecedentes favorables como las “medidas cautelares en Colombia frente a la casación de mandatos”.