Esta semana, el actual directorio de ENDE denunció públicamente que la anterior gestión de su filial ENDE Tecnologías, provocó un daño económico de casi seis millones de bolivianos, por la compra de 80 licencias de uso de un software ruso, de que debía ser destinado para campaña en temas energéticos.

ENDE Tecnología adquirió este software porque es la empresa especializada en tecnologías de la información y de telecomunicaciones de la Corporación ENDE. 

Su misión es contribuir a los procesos de industrialización, mediante la prestación de servicios especializados dirigidos hacia la digitalización y automatización de los procesos productivos, en toda la cadena de la industria eléctrica del país.

No obstante, de las 80 licencias que compró solo utilizó una para los fines consignados y 79 restantes para fines políticos y de inteligencia.

Al parecer, utilizaron este software —que tiene capacidad de inteligencia artificial, búsqueda de textos y palabras puntuales en redes sociales y medios digitales, usado para análisis, intromisión y reacción en redes sociales— para obtener información de algún político y para otros fines políticos.

Este no sería el primer caso de utilización de fondos de las empresas estratégicas del Estado para fines de espionaje informático. En diciembre del año pasado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) denunció ante la Fiscalía que el ante- rior Gobierno del MAS utilizó de esa entidad, sus bie-nes y recursos, con este fin. 

Asimismo, montó  una estructura para realizar el seguimiento en redes sociales mediante el trabajo de “guerreros digitales”.

De comprobarse que ambas denuncias son ciertas, será momento de que el Gobierno  contemple la aprobación de una norma que regule el tema en cuestión, puesto que actualmente no hay ninguna ley específica que dé cierta seguridad a los cibernautas.

Este tipo de delitos está en aumento en el mundo, por eso, tanto la ciudadanía como las autoridades deben dejar la impasibilidad  para convertirse en actores principales.