“Se van a hacer los recursos internos, la de amparo y la constitucional. Tenemos muy poca esperanza en eso. Creemos que estos términos exceden el tiempo de la elección. En definitiva la última palabra en Bolivia la va a tener el Tribunal Constitucional Plurinacional, no sabemos cuándo porque podría dictar la sentencia después de las elecciones”, afirmaron los juristas en entrevista con CNN.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a Morales por no cumplir el requisito de residencia permanente, dado que no vive en Bolivia desde noviembre del año pasado. Sin embargo, los abogados creen que “esto contradice la jurisprudencia” y que “hay una discriminación porque a otras personas con las mismas condiciones se las habilita, a él se lo inhabilita”. En esa línea, Morales reveló el lunes que su “plan B” para ser habilitado como candidato es presentar un Amparo.

Frente a esa situación decidieron acudir al TCP aunque “no tenemos muchas esperanzas dentro de Bolivia respecto de los recursos internos” porque consideran que el mismo Tribunal Constitucional “ha dictado una medida inconstitucional” al prorrogar el mandato de la presidenta Jeanine Áñez.

Demanda ante la CIDH para llegar a la Corte IDH

Una vez agotado las instancias internas, los abogados Zaffaroni y Ferreyra anunciaron que presentarán una demanda ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que puede “tomar medidas cautelares”, en caso de no respetarse la misma, podrían solicitar las “medidas provisionales que son de cumplimiento obligatorio”.

“Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En líneas generales no llega a la Corte la victima de la violación de los derechos humanos sino que pasa a través de la Comisión Interamericana que tiene sede en Washington. Puede tomar medidas cautelares. O bien, si no se respetan las medidas cautelares que le puede ordenar al Estado boliviano, puede solicitarle a la Corte medidas provisionales que sí son de cumplimiento obligatorio”, explicó Zaffaroni.

En ese marco, los juristas creen que la CIDH y la Corte IDH se pronunciarán antes de las elecciones generales del 3 de mayo porque consideran que el caso de Evo Morales “va a llamar la atención de los jueces internacionales” ya que se trata “de un expresidente perseguido, exilado, que se le van a confiscar los bienes”. Dicen que incluso existen antecedentes favorables como las “medidas cautelares en Colombia frente a la casación de mandatos”.

“Hay una tendencia mundial a conceder la máxima ampliación de derechos políticos y la mínima restricción. Esto es una tendencia mundial en Europa y en América latina. Y creo que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, a la que vamos a acudir, conocen estos nuevo estándares en materia de derechos políticos”, explicó Ferreyra.

El 21F y cuarto mandato de Evo

Los juristas se pronunciaron también sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 donde ganó el no a la reelección de Evo Morales. En criterio del abogado Ferreyra “no fue una decisión correcta” que Morales se postule para un cuarto mandato frente a la decisión mayoritaria expresada en la consulta popular. Sin embargo, ambos juristas resaltan la sentencia 084/2017 que posibilita la reelección indefinida del líder cocalero.

“Eso ha quedado explicitado últimamente cuando Morales ha reconocido que no había sido una de sus mejores decisiones. Pero más allá de lo que piense Morales, creo que es importante lo que pienso yo. Creo que no fue una decisión correcta en ese caso, me parece que fue una decisión que se pudo haber no tomado realmente, por ejemplo la de haber tomado el referéndum y buscar el cuarto mandato. Pero ya está. Había ganado el No, pero fue una decisión del TCP el que dijo realmente que estaba habilitado para un cuarto mandato”, dijo Ferreyra.

“El mismo que declara la constitucionalidad de la prolongación de mandatos extinguidos con la misma composición. Son los mismo nueve jueces que le dijeron a Evo Morales que estaba en condiciones de ir por el cuarto mandato y que prorrogaron el mandato de la autoridad ejecutiva”, manifestaron.

Los abogados consideran que los magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la reelección indefinida de Morales son los mismos que fallaron en favor de la prórroga de mandato de la mandataria Jeanine Áñez, sin embargo, se elegió a nuevos integrantes del TCP en las elecciones judiciales de 2017.