En la encuesta, realizada en las 9 capitales de departamento, El Alto y 38 poblaciones de las provincias, el 61 por ciento de los encuestados considera que el TSE tiene la capacidad de llevar adelante elecciones limpias y transparentes contra un 28 por ciento que considera que No.

Sobre qué camino sigue el país, el 37 por ciento de los consultados cree que va por mal camino, en contraposición con el  35 por ciento que percibe que va por buen camino, el 26 por ciento dice ni bueno ni malo y  el 2 por ciento no sabe o no responde. Esta percepción ha sufrido leves subidas y bajadas entre 2019 y 2020, la más profunda cuando estalló el conflicto del fraude electoral que terminó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país.

Después estos porcentajes se distancian entre 32 % (malo) y 39% (bueno) y en febrero de este año vuelven a estar alrededor de 35% (bueno) y 37 % (malo), lo que significa que entre noviembre y enero más de la tercera parte de los encuestados creía que el país iba por buen camino, pero en febrero ocurrió algún hecho que hizo que más personas percibieran que no estamos bien.

La encuesta también incluye otra pregunta que mide la confianza  o desconfianza en la presidenta Jeanine Añez.  En esta consulta, el 38 por ciento de los encuestados dijo que confía (de mucho a poco) en la mandataria, en contraposición con un 47 por ciento que desconfía mucho o poco y un 14 por ciento que no tiene desconfianza ni confianza.

Igualmente llama la atención que en proyección en el tiempo, entre el 20 de enero al 20 de febrero de este año, la encuesta muestra una caída de 10 puntos del nivel de confianza de 48 a 38 por ciento, lo que puede deberse al lanzamiento de su candidatura.

En cuanto a  cómo  califican la gestión de la mandataria, el 39 por ciento de los consultados señala que es muy buena y buena en contraposición con un 29 por ciento que dice que es mala y muy mala  y al 30 por ciento no le parece ni buena ni mala.

A la pregunta de si creen que funcionarios del Gobierno manipulan la justicia para perseguir  a exautoridades del MAS, el 53 por ciento afirma que sí, el 38 por ciento responde que no y el 9 por ciento no sabe, no responde.

Y, por último, hay que resaltar que el 89 por ciento de los encuestados considera que los candidatos presidenciales deben asistir a debates electorales contra un ínfimo 8 por ciento afirma que No.

ANÁLISIS

El castigo de la política

Roberto Laserna

Investigador social del Ceres

Uno de los mayores desafíos de la democracia radica en que no tiene instrumentos para enfrentar el desprestigio de la política. La competencia electoral se basa en la contrastación de propuestas pero también en el debilitamiento de los adversarios mediante ataques que buscan restarles apoyo. En ese proceso se debilitan todos y, por supuesto, debilitan el sistema en su conjunto.

Esto lo vivió con el país antes del 2003, cuando las acusaciones mutuas terminaron por derrumbar el sistema.

En esos casos aparecen los “outsider”, es decir, dirigentes que emergen de la desconfianza hacia los políticos y prometen limpiar el sistema o hacer algo imposible: construir una democracia sin políticos. Fue el caso de Fujimori en Perú, de Chávez en Venezuela y de Morales en Bolivia. Esas promesas de redención terminan en peores frustraciones.

En esa perspectiva, no parece posible que la política en democracia se redima a sí misma salvo, quizás, cuando el Gobierno y el Estado se hayan hecho menos relevantes que la cultura, la economía o el deporte, como sucede ya en algunos países europeos.

Por lo tanto, tenemos que resignarnos por ahora a vivir una democracia en vilo, administrada por políticos que se someten con mucho coraje al apoyo desconfiado de electores que no los quieren, o que están más dispuestos a denostarlos que a apoyarlos. Cualquiera que entre a la política debe saber que llevará un castigo encima, aún siendo inocente.

La encuesta muestra claramente el desafecto de la gente hacia los políticos. En la escala de 100, ninguno de los candidatos llega siquiera al 40% y algunos, como Chi y Tuto, no alcanzan el 20%. Es como si la gente tuviera otra escala para los políticos, aplazándolos incluso antes del examen. Es una señal de la fragilidad de la democracia.

Entre quienes aspiran a la presidencia, la mejor calificación la tiene Jeanine Áñez: 35%. En consistencia con esta percepción, son más los ciudadanos que tienen poca confianza en ella (47%) que quienes sí le tienen confianza como Presidente (37%).

La encuesta registra aquí el costo de su candidatura. Llegó a la presidencia casi desde afuera, pero tan pronto como entró en competencia electoral cargó con el desprestigio general que todo político debe llevar ahora sobre sus hombros.

Que estos datos son casi automáticos lo demuestra el hecho de que, sin embargo, su gestión gubernamental tiene aprobación neta positiva de más de 10 puntos. Es decir, es 10 puntos mayor la proporción de quienes califican positivamente su gestión que la de quienes la califican de forma negativa.

Es posible que en ello incida la rápida pacificación y la reversión lograda en la confianza en el Tribunal Electoral. Llegamos a las elecciones de octubre 2019 con un Tribunal rechazado por la gente, y ahora contamos con uno en el que confía por lo menos el 61% del electorado. Seguramente muchos todavía recuerdan que para recuperar esa institución fue clave la gestión de la Presidente-candidata.