La Guerra de las Pititas fue protagonizada por gente honesta y digna que todavía creía que, sacando a Evo Morales, se podían recuperar los principios y valores conculcados y mostrar al concierto internacional que Bolivia no era Evo. Arriesgaron la vida y algunos murieron por ideales de una patria mejor, creyendo, inocentemente, que un nuevo gobierno cumpliría con sus aspiraciones de recuperar a esa Bolivia digna. Pero la clase política no estaba a la altura de quienes lo arriesgaron todo por el cambio.

La oposición al MAS anunció en sus programas el retorno de la independencia de los poderes del Estado, que habían sido capturados por Evo con funcionarios serviles a sus intereses, que degradaron la dignidad de las instituciones, legalizando violaciones a la Constitución. La victoria tras la Guerra de las Pititas reveló a la ciudadanía que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros dispersos que cometían actos aislados de corrupción, sino una verdadera y completa estructura criminal mafiosa, que había cooptado el poder por la vía de las urnas, haciendo fraude para perpetuarse bajo el manto de una pseudo democracia.

Resuelto el vacío de poder, afloraron los intereses de personajes mesiánicos, interesados en cobrar los réditos de arengar en plazas. El mérito estuvo en los que arriesgaron sus vidas y les quemaron sus casas, aquellos que actuaron con el único interés de recuperar la democracia. Fue vergonzoso constatar actitudes, de delación entre candidatos hablando de disponer de aduanas, incluso antes de ser elegidos. El copamiento de instituciones públicas, la sustitución de personal obedeciendo a intereses sectarios, la venta de puestos de trabajo, llegaron a escándalos en empresas estatales como Entel y ENDE.

No basta hablar de recuperar la institucionalidad de los cuatro poderes: es importante cumplir con la Constitución, que en su artículo 172, inciso 15, dice: “Nombrar, de entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional,… a las Presidentas o a los Presidentes de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado”. Así, las empresas del estado como YPFB, ENDE, ENTEL, etc. no serán agencias de empleo ni de corrupción del gobierno de turno, tampoco podrán ser interferidas en la gestión empresarial. El nombramiento de un presidente titular idóneo tampoco debe ser “negociado” en la Asamblea Legislativa. Los legisladores representan a todos los bolivianos y deben cumplir con su labor de legislar y fiscalizar al poder Ejecutivo y no negociar por intereses económicos personales o de poder. Es necesario el diálogo transparente para consensuar por el bien del país y para cumplir con su función de fiscalización. Los legisladores se deben al pueblo que los eligió y no a intereses partidarios o personales. Lo que es indudable es que ese control mutuo, a la vista de toda la sociedad, es una garantía fundamental de un funcionamiento correcto.

Las empresas productivas y de servicio del Estado, requieren tener autonomía de gestión para organizarse con profesionales idóneos, necesarios para cumplir las metas definidas en sus planes de desarrollo a largo plazo. Las empresas deben: optimizar sus inversiones para obtener los mejores resultados económicos para el País y mantener la seguridad en el abastecimiento al mercado interno de lo que producen. Las utilidades que se obtiene son de los bolivianos y se las transfiere al Tesoro General de la Nación, para que el Gobierno use en el desarrollo económico y social del País. Pero no para crear el culto a la personalidad al estilo soviético, como hizo el gobierno del MAS. Dinero que Evo Morales vio llover y que no sabía de dónde venía, si hubiese sido honesto habría reconocido y agradecido a quienes trajeron a las empresas que invirtieron en la exploración y descubrimiento de los mega campos y a los que concretaron la exportación de gas a Brasil, porque de ahí llovieron los dólares que dilapido y por ello duró 14 años en el gobierno.