Tras entonar las notas del Himno Nacional, los cívicos en defensa de la democracia procedieron con una entrega de certificados a los actores principales de los momentos más destacados posteriores a la consulta de febrero.

Entre las personalidades se encontraban Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), Luis Larrea y Fernando Romero como representantes de los médicos; Juan Carlos Arana en representación de los periodistas, entre otros.

Después hubo otro acto en Palacio Quemado con la participación de la presidenta Jeanine Añez.

21F: Día del Ciudadano

Después de una reunión con representantes de plataformas ciudadanas, Añez recibió una propuesta de Decreto Supremo para declarar el 21 de febrero como el "Día del Ciudadano", en conmemoración a la lucha de la ciudadanía en defensa de la democracia.

La mandataria consideró que el Día del Ciudadano es fruto de la "lucha" de los bolivianos que defendieron los resultados del referendo de febrero de 2016.

"Esta lucha es de todos, esta lucha la debemos conservar todos y creo que el pueblo boliviano se merece el Día del Ciudadano (...), porque lo único que queremos son mejores días para todos", dijo Añez.

En 2016 se llevó el referendo constitucional de Bolivia, mismo que fue llevado a cabo el domingo 21 de febrero de ese año. En aquella consulta se proponía la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Aquel referendo tenía la finalidad de habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera, Presidente y Vicepresidente del Estado en aquel entonces, a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2019.

Ante la pregunta planteada desde el Gobierno, el 51,3% (2.682.517 de votantes) estaba en desacuerdo con la reforma parcial de la carta magna y votó por el "No"; frente a un 48,7% (2.546.135 de la población) que sí aprobaba la reelección de Morales y García Linera.

Sin embargo, Morales logró su postulación acudiendo al Tribunal Constitucional Plurinacional, refugiado en el Pacto de San José de Costa Rica, apelando a que la candidatura y elección de un ciudadano (y en este caso una reelección), es un "derecho humano".

Dicha determinación provocó la molestia y movilización de los cívicos.