Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 21 de febrero de 2020
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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"Algunos miembros (del Tribunal Supremo Electoral) no están garantizando la limpieza y transparente (de las elecciones), con este hecho se somete a la dictadura y a las políticas norteamericanas" dijo hace instantes en conferencia de prensa.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó ayer a Morales por incumplir el requisito de residencia permanente y advirtió que la decisión es inapelable.
Desde Argentina y mediante Twitter, el expresidente calificó la determinación del TSE como un “golpe a la democracia” y aseguró que cumple con los requisitos para ser candidato.
No obstante, la norma electoral señala que los candidatos deben tener una residencia efectiva e ininterrumpida, pero Evo Morales está fuera del país desde el 12 de noviembre de 2019 cuando huyó a México después de que renunció a la presidencia presionado por las movilizaciones ciudadanas frente al fraude electoral de las elecciones generales del 20 de octubre.
Primero se instaló en México y después pasó a Argentina donde se encuentra en calidad de solicitante de refugiado político.
No obstante, Morales insiste en que debe ser habilitado como candidato porque cumple con los requisitos legalmente establecidos, supuestamente es víctima de una represalia de "Estados Unidos".
Los abogados del expresidente, Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra, recomendaron a Morales recurrir a instancias nacionales e internacionales para que se respeten sus derechos políticos porque según explicaron cumple con los requisitos para habilitarse como candidato a senador pese a que la ley electoral señala que los candidatos deben tener residencia permanente.
Ferreyra argumentó que Evo Morales dejó Bolivia porque estaba en riesgo su vida y que no lo hizo por voluntad propia. Demandó al TSE que realice un análisis "más amplio" respeto a ese requisito incumplido. Inicialmente -según dijo. que se presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional en Bolivia, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también a las Naciones Unidas.