A nadie parece importarle la vulneración de la Constitución Política del Estado que afirma que “El Estado es independiente de la religión” (Art. 4). Tampoco importa que la Ley de Libertad Religiosa de 2019, en su Art. 12 establece que los espacios y recursos de las organizaciones religiosas se deben destinar exclusivamente a fines religiosos, excluyendo así los fines político electorales.

A nadie, excepto al Comité Pro Laicidad conformado por varias instituciones y activistas en derechos humanos. Este Comité envió en días pasados una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, para que se incluya en la normativa electoral la prohibición de la instrumentalización de espacios, símbolos y discursos religiosos con fines político electorales.

En concreto, el Comité Pro Laicidad pide al TSE lo siguiente: 1) que los candidatos a cargos electivos renuncien a funciones eclesiásticas, 2) que se prohíba el uso de espacios, símbolos y discursos religiosos en las campañas electorales, 3) que se prohíba el uso de ritos y símbolos religiosos en actividades electorales,

4) que se prohíba el uso de símbolos y discursos religiosos en la propaganda electoral. Solo así, separando completamente la religión de las campañas políticas, se respetará la naturaleza del Estado Laico en Bolivia, consagrada por la Constitución Política del Estado.

La calidad de nuestra democracia depende, entre otras cosas, de la no inclusión y de la no instrumentalización de la religión en la contienda electoral. Si ninguna propuesta electoral se presenta como expresión de la “voluntad de Dios”, entonces el debate plural y el examen crítico de los discursos políticos es mayor. Por ello, el pedido del Comité Pro Laicidad es tan necesario como urgente.