La sentencia sostenía que, “resulta indudable que el art. 23 de la CADH, consigna derechos políticos de la manera más amplia, sin ningún tipo de limitaciones o restricciones, autorizando únicamente al legislador la regulación de su ejercicio por causales taxativas en la forma anteriormente señalada; sin que ninguna de ellas en particular, tenga que ver en lo absoluto, con eventuales restricciones a la posibilidad de ser reelecta o reelecto y menos que esta se limite a una sola vez de manera continua”. Sin embargo, el referido artículo 23 de la Convención solo reconoce los derechos de: 

a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes; b) de ser elegido, y c) la de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. En ningún caso esta disposición autoriza reelección presidencial alguna.

El Tribunal Constitucional, entonces, no podía inventarse que este artículo 23 de la Convención americana autorizaba la reelección indefinida, porque nunca estuvo esta idea en la mente de los que suscribieron el Pacto en San José de Costa Rica. 

En ningún caso, vulnerar la Constitución puede convertirse en un derecho humano porque atenta contra los principios más elementales de nuestra civilización, y sus autores se han convertido en traidores del sistema constitucional y el régimen democrático.

Otro razonamiento falaz del Tribunal Constitucional fue considerar que la limitación a la reelección sería claramente discriminatoria contra los exmandatarios, ya que las normas constitucional y convencional garantizan a su turno -dice- el ejercicio amplio de los derechos políticos, sin que por lo demás ninguna de ellas contemple expresamente restricciones relacionadas con la posibilidad de ser o no reelecto y el número de veces en que sería posible hacerlo. 

Con este razonamiento, el Tribunal pretendía convertir la reelección presidencial además en un derecho humano “absoluto”, cuando “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática”.

La reelección indefinida siempre estuvo prohibida porque erosiona la separación de funciones, los controles cruzados, la coordinación y cooperación como base y fundamento del ejercicio del poder político del Estado boliviano. Esta locura generó una crisis del sistema constitucional y político, que terminó con la renuncia y fuga de los eternos candidatos.

A propósito de la reelección indefinida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante Informe 30/93 de 12 de octubre de 1993, caso José Efraín Ríos Montt contra Guatemala, ha interpretado entre otras cosas que el derecho constitucional comparado indica diferentes condiciones de inelegibilidad que buscan evitar el nepotismo, los conflictos de intereses, etc. Es decir, la defensa de la efectividad de los derechos políticos y de la autenticidad de las elecciones ha llevado a distintas formas de reglamentación de la elegibilidad para ser presidente de un país. 

Y, por último, el 20 de marzo de 2018 la Comisión de Venecia dictaminó que en el derecho internacional no existe la reelección indefinida y que los límites a la reelección presidencial no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos ni del electorado.

El ex Tribunal Supremo Electoral debió, en consecuencia, rechazar la repostulación de los exmandatarios habida cuenta que existen igualmente dos referéndums del 25 de febrero de 2009 (que aprueba el texto constitucional) y el del 21 de febrero de 2016 (que expresamente prohíbe la reelección presidencial), que no han sido derogados ni abrogados por la monstruosa sentencia constitucional 0084/2017 del 28 de noviembre. 

Sin embargo el MAS, lejos de someterse a estos dictámenes populares, logró que su Tribunal Constitucional vulnere no solo la Constitución sino también distorsione la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero la angurria de poder de Evo Morales y Álvaro García Linera los tiene al borde de la muerte civil.