La máxima autoridad del TSE anunció que habrá un pronunciamiento oficial este fin de semana. “Nuestro compromiso es resolver este tema en el menor tiempo posible. Las candidaturas están en análisis y en proceso de revisión”, remarcó.

La declaración la hizo luego de que algunos medios informaron que el TSE inhabilitó las candidaturas de Morales y Diego Pary. El primero fue postulado a la primera senaduría por Cochabamba y el segundo, al mismo escaño pero de Potosí.

El MAS, no obstante, anticipó la “defensa” de sus candidatos. En ese frente consideran que una posible inhabilitación se trataría de una decisión política y una muestra del inicio del fraude electoral. No hay razones técnicas ni jurídicas, dijeron.

“De concretarse la inhabilitación (de Evo Morales), se trataría de una decisión política y que es una muestra del inicio del fraude”, afirmó el diputado por el MAS, Edgar Montaño.

El vocal Romero remarcó que la decisión sobre las candidaturas con demandas de inhabilitación se “apegará” a la ley y bajo el amparo del debido proceso, “para darle certeza al proceso electoral”, y se publicará a la brevedad.

Mientras tanto, desde el MAS, descartan la posibilidad de movilizar a su militancia en el caso de que el Tribunal Supremo Electoral inhabilite las candidaturas de Morales y Pary, entre otras, mencionó la senadora del partido azul, Adriana Salvatierra.

Acciones internacionales

El equipo de abogados internacionales de Evo Morales informó que han aconsejado a su defendido emprender acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso otras instancias internacionales, en caso de que el expresidente sea inhabilitado en su candidatura a senador.

Los juristas se pronunciaron mediante un comunicado firmado por el español Baltasar Garzón y los argentinos Raúl Gustavo Ferreyra y Eugenio Raúl Zaffaroni, éste último que además es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según los abogados, Morales reúne todos los requisitos para ser candidato a senador y, además, cuenta con los derechos políticos emanados de la Constitución boliviana y del Derecho Internacional.

Advirtieron que una inhabilitación de Morales sería violatoria de la democracia constitucional y será interpretada “como un eslabón más de las autoridades dictatoriales que detentan el poder en el Estado de no Derecho”. 

La candidatura de Morales está impugnada por el requisito de residencia permanente de dos años inmediatos a la elección, que es exigido a los candidatos a asambleístas.