“La ampliación del proceso fue solicitada por Carlos Mesa contra el expresidente, el exvicepresidente y exministros. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General y como corresponde la remitimos a la Fiscalía Departamental de La Paz (…) Recibimos la información de que han abierto un nuevo caso en contra de las exautoridades con relación al fraude electoral”, informó Lanchipa.

La denuncia contra Morales y cuatro exautoridades fue presentada en Sucre el 12 de febrero por el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. En la oportunidad señaló que resultaba imposible pensar que los delitos en los que se concretó el fraude electoral hubieran contado sólo con la participación de los exvocales y no de las autoridades del gobierno anterior, que resultó beneficiado con el fraude.

“Evo Morales, García Linera y otros deberán responder a nuestra demanda penal por el gigantesco fraude que cometieron en 2019 y que costó vidas, bienes públicos y más de 217 millones de bolivianos. Bolivia no permitirá que los autores del fraude queden impunes”, escribió ayer Mesa en Twitter después de conocer la decisión de la Fiscalía.

Al respecto, el diputado del MAS Víctor Borda señaló que el inició del proceso en contra de Morales “es incongruente”, ya que el Órgano Electoral es una instancia con autonomía y es independiente del poder político.

 “El proceso nos parece una acción arbitraria porque es un claro desconocimiento a la estructura del poder político en el país. La Constitución habla de un Órgano Electoral con autonomía e independencia. Los responsables de llevar adelante los procesos electorales son los vocales, es como si intentarían juzgarlos a ellos por los decretos supremos que emite el gobierno”, expresó.

Si bien los oficialistas consideran  acertada la decisión del Ministerio Público, la consideran demorada. Indican que es necesario que las exautoridades sean juzgadas. 

“Tienen que rendirle cuentas a todo el pueblo y nos parece que la justicia tiene que obrar conforme al debido proceso. Evo Morales tiene que pagar por el delito del fraude electoral, para que nunca nadie más  vuelva a cometer semejante atrocidad”, indicó el diputado de UD Gonzalo Barrientos.

 Por su parte, el diputado Amilcar Barral indicó que el proceso puede servir para que los asilados en la residencia mexicana sean detenidos. “Esperamos que esta acción ayude a que incluso el Gobierno mexicano pueda hacer posible la detención de los sindicados de este delito tan grande que ha llevado a tanta problemática en nuestro país”, dijo.

  De las exautoridades involucradas en la nueva denuncia, Juan Ramón Quintana y Héctor Arce se encuentran refugiados en la residencia de México.