Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: jueves 20 de febrero de 2020
Categoría: Institucional
Subcategoría: Vocales
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La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que se imputó formalmente al expresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) Carlos Colque Mejía por presuntos delitos electorales, delitos de corrupción y delitos ordinarios.
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“Hemos presentado ya la imputación ampliatoria dentro del caso fraude electoral. La imputación está dirigida en contra del expresidente el señor Carlos Colque”, dijo Choque.
Junto a Colque, también fue imputado el exsecretario de Cámara del TED de Potosí Jarry Sacaca, por los mismos delitos.
La Fiscal Departamental dijo que Choque está siendo buscado y es probable que sea declarado rebelde. “Hemos cumplido el procedimiento emitiendo edictos”, dijo.
La autoridad no dio más detalles del avance de la investigación sobre el supuesto fraude electoral que presuntamente se propició en el departamento de Potosí. La comisión de fiscales sigue trabajando en la investigación para la acusación.
El pasado 13 de noviembre, Magdalena Zulema Mamani, Clared Ramos Rodríguez, Eulogia Flores Pacara y Elías Isla Paco, exvocales del TED de Potosí, fueron detenidos preventivamente en la cárcel de Cantumarca por la presunta comisión de al menos diez delitos que habrían cometido en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, Jarry Sacaca, exsecretario de cámara del Órgano Electoral, fue privado de libertad de forma preventiva en la misma cárcel pública.
La investigación contra los vocales del Tribunal Electoral de Potosí se inicia a raíz del informe preliminar de la auditoría que emitió la Organización de Estados Americanos (OEA) a los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre.
Todos son presuntos responsables de las irregulares que se habría detectado en el proceso electoral de octubre del año pasado.
HUBO “MANIPULACIÓN DOLOSA”, DICE LA OEA
El pasado 14 de diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó oficialmente el Informe de Análisis de Integridad Electoral de las elecciones generales del 20 de octubre, al Gobierno transitorio. Concluyó que hubo una “manipulación dolosa” y señaló la imposibilidad de validar los resultados.
El equipo de auditores denunció además la alteración de actas y el redireccionamiento del flujo de los datos del proceso a dos servidores ocultos que no estaban controlados por el personal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que permitía “la manipulación de datos y la suplantación de actas”.
