La acción de la Fiscalía se produjo después del 12 de febrero, cuando el candidato presidencial Carlos Mesa introdujo en Sucre una solicitud de ampliación de la investigación en contra de Morales, de Álvaro García Linera y tres de sus exministros por el fraude en las elecciones del 20 de octubre.

“Hemos remitido a la Fiscalía de La Paz, tal como corresponde (...). Hemos recibido la información que ha abierto nuevo caso en contra de las exautoridades (Evo Morales), en relación al fraude electoral”, dijo Lanchipa.

Proceso

Juan Lanchipa se presentó ayer con su abogada a la convocatoria para su declaración ante la comisión del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; sin embargo, se acogió al silencio.

La comisión leyó la acusación presentada por el abogado Jorge Valda a la Defensoría del Pueblo, y esta instancia la remitió a la Asamblea, donde se admitió el juicio de responsabilidades.

El fiscal Lanchipa explicó que no declaró porque la denuncia “está mal planteada y no tiene claridad”, además que “no se cumplieron con las formalidades. No hay ratificación de la denuncia y no están los denunciantes, ni el abogado Jorge Valda ni la defensora del pueblo”. Su abogada manifestó, por su parte, que se presentaron recursos de actividad procesal defectuosa, pero la presidenta de la Comisión, Mireya Montaño (MAS), recordó que esos recursos deben ser abordados por la Comisión de Constitución.

El documento cuestiona, primero, el decreto supremo 432 del 17 de febrero de 2010. “Evo Morales Ayma lo designa interinamente como magistrado del Tribunal Constitucional sin concurso de méritos”. 

El segundo elemento que se presentó fue la designación, en 2011, mediante decreto supremo 834, como director general ejecutivo de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), y en la resolución suprema Morales lo calificó como “persona de confianza”, y le otorgó el nivel de embajador extraordinario. El documento advierte que ese documento estuvo firmado por los ministros de Estado. 

“Nótese que quienes firman el decreto supremo para beneficiar a Lanchipa con el cargo están Morales, Carlos Romero, entre otros, a quienes hoy debería procesar imparcialmente”.

Además, el documento denuncia que fue protagonista de nepotismo y de protección por parte de la Contraloría, con las declaraciones de sus dos hijas que superaban su patrimonio. Sin embargo, nunca fue procesado, “lo que demuestra que hubo protección”.

A partir de eso, el documento sostiene que “cumple el juramento de lealtad al expresidente Evo Morales” y que su inacción ante el rechazo de la denuncia contra el expresidente Evo Morales, por los delitos de sedición y terrorismo lo convierten en cómplice, y pide su dimisión inmediata, por un lado, y su procesamiento, por otro.