Medio: Opinión
Fecha de la publicación: miércoles 19 de febrero de 2020
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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En el comunicado, los abogados señalan que la candidatura de Morales está acorde a la normativa nacional e internacional y destacan que el exmandatario haya decidido postularse a pesar de que en Bolivia se vive un "estado de no derecho".
En ese sentido, los juristas señalan que una posible inhabilitación de Morales no haría más que ratificar que el país está en un "estado de no derecho" y que por eso se recomendó al expresidente acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en ese hipotético caso.
"Su sucediese dicho hipotético y desgraciado supuesto, violatorio del itinerario de la democracia constitucional, hemos aconsejado a nuestro representado accionar directamente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin perjuicio de otras instancias internacionales", se lee en el comunicado.
Esta mañana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que aún no tomó una decisión respecto a los casos de las candidaturas impugnadas, como es el caso de la postulación de Morales.
"Vamos a procurar dar respuesta lo más breve posible (...) Hasta el momento el TSE no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna candidatura que está sometida a este proceso de impugnación e inhabilitación", afirmó el presidente del TSE, Salvador Romero, a tiempo de agregar que ese análisis puede demorar "algunos días más".
La postulación de Morales es cuestionada, entre otras cosas, por el tiempo de residencia permanente en el país.
Según la ley, los candidatos a legislador deben tener una residencia permanente de al menos dos años en territorio nacional. Sin embargo, Morales está fuera del país desde noviembre: primero se fue de asilado a México y luego pidió refugio en Argentina, país en el que se encuentra en la actualidad.
Sin embargo, desde el MAS señalan que Morales continúa inscrito en el padrón electoral y que su salida del país fue un hecho "excepcional" que no le impide ejercer sus derechos políticos.