Desde el cambio de gobierno, por el abandono que protagonizaron los principales mandatarios, luego de conocido el fabuloso fraude dispuesto y reconocido por los protagonistas del hecho, que se pusieron voluntariamente a buen recaudo en una legación diplomática, es lógico el resultado de tal actitud que además responde a la presión popular de la ciudadanía que con paros y manifestaciones obligó a los conductores del gobierno de 14 años a dejar sus cargos, concientes de sus resoluciones, huyeron del país, eso es real.

La necesidad legal y la continuidad de gobernabilidad se dio en circunstancias absolutamente claras para establecer un Gobierno de Transición con una misión específica de convocar a nuevas elecciones y conducir ese proceso hasta la entrega del poder a un nuevo esquema político democráticamente electo. Se aprobó un calendario ajustado, se eligieron autoridades en el órgano electoral y avanza el cronograma, con menores dificultades atendibles y de soluciones operativas, que se esperan sean cumplidas al amparo de las leyes y del propio instrumento normativo del Tribunal Supremo Electoral.

Entre el desarrollo de esas actividades y el surgimiento de una alternativa política que convierte a la Presidente en candidata electoral, la situación, como era de esperar, genera variadas reacciones que son propias de criterios muy ligados al proceso electoral, esperándose que no se contaminen, aunque los "efectos naturales de gobernar" tienen cierto efecto electoralista.

Lo que preocupa en todo caso a los políticos, pero seriamente a los dirigentes cívicos y representantes institucionales, es que muchas denuncias formalmente presentadas en contra de las ex autoridades que abandonaron el país, no han prosperado en la fase de abrir procesos e iniciar las investigaciones de rigor, aunque los hechos sean contundentes y como decía un dirigente político, se trata de "delitos palpables", pero supeditados a criterio y voluntad de personeros de un ministerio público inoperable y "seriamente comprometido".

La anterior semana se ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, una acusación formal y solicitud de ampliación en el proceso judicial contra los exvocales electorales, ahora en contra del expresidente y vicepresidente del país, además de tres exministros de Estado, esperándose que el planteamiento sea atendido en el marco de las normativas vigentes.

En el recuento de casos, hay varias denuncias contra esas mismas autoridades y otras, también por delitos económicos, alteración y amenazas contra el orden constituido y otros hechos que alteraron la paz ciudadana. Hay preocupación en la ciudadanía por la posición de algunos funcionarios del ministerio público que dilatan investigaciones y ponen en duda la aplicación de la justicia. Una situación que debe resolverse con seriedad jurisdiccional y no al influjo de la suerte política.