Aseveró que no fue necesario esperar hasta el 2020, como propusieron las autoridades aliadas hoy al centralismo departamental y que, en corto tiempo, el Gran Chaco empezó a aplicar el Estatuto.
“Pese a la dura oposición del centralismo y sus representantes, bajo una norma nacional, fuimos elegidos como MAE y recibimos el mandato de dar inicio al proceso de implementación de la autonomía en forma ordenada, oportuna y transparente”, afirmó.
Quecaña señaló que la nueva entidad pública cuenta con un Programa Operativo Anual (POA) propio, registrado en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), con techos presupuestarios ajustados por los ejecutivos de desarrollo de Villa Montes y Caraparí, más los recursos programados por el Ejecutivo Regional.
Destacó la creación de una nueva estructura institucional, con menos recursos humanos, pero con la capacidad de ser un referente de gestión pública y modelo de planificación, eficiencia y eficacia para el desarrollo sostenible de la región.
Sin embargo, reconoció que todavía existen algunos vestigios que deben ser superados para que la autonomía se consolide, y recalcó que no se puede repetir los viejos vicios del centralismo departamental. Por ello emitió toda la normativa necesaria para que los ejecutivos seccionales de Villa Montes y Caraparí puedan administrar sus recursos, licitar sus proyectos, suscribir contratos y firmar convenios, entre otros.
Del mismo modo, apuntó que cuando el departamento cerró el PEUP, la región creó el Servicio Regional de Promoción de Empleo (SEREPE), con la misión generar fuentes de trabajo temporales, mejorar las competencias laborales y los ingresos para la población más necesitada. Del mismo modo, se dio origen al Servicio Regional de Caminos (SERECA), el Servicio Regional Agropecuario (SEAGRO) y el Servicio Regional del Gestión Social (SEREGES), sin ninguna dependencia departamental.
No obstante, el 20 por ciento restante consiste en que los ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que aún no llegan directamente a la región. “Existen dos leyes como antecedentes, una expresa que el IDH debe ser transferido por los subprefectos a los municipios; pero, van ocho meses que el departamento retiene esos recursos y la gente reclama. Todavía tenemos dependencia en ese tema, son los únicos recursos que vienen por Tarija porque la normativa legal así lo define”, complementó.
En ese orden, agregó que trabajará para lograr la autonomía al 100 por ciento, gestionando ante el Gobierno nacional un mecanismo de transferencia directa de estos recursos, para evitar conflictos entre autoridades.
Aseveró que existen vacíos competenciales en educación, agua, salud y seguridad ciudadana. “Es una tarea que nos dimos con la Asamblea Regional, para tramitar una norma específica a nivel central del Estado, para que el Gobierno Regional arranque competencias en esas áreas del nivel nacional. Con esto, estará sacramentada la autonomía regional”.
Finalmente, expresó que están trabajando para que la conciliación de cuentas, a cargo de una consultora, emita un informe que señale con claridad qué es del departamento y qué es de la región, para que el nivel regional pueda asumir la administración de todas las empresas que se constituyeron con recursos del Chaco, entre ellos Setar y Emtagas.
El 24 de abril de 2017, el entonces subgobernador de Yacuiba José Quecaña fue posesionado como la Máxima Autoridad Ejecutiva transitoria del Gran Chaco, dando inicio a un proceso de transición en la Región Autónoma.
La Autonomía Regional del Chaco tarijeño es un proceso de innovación en Bolivia y en América Latina, toda vez que este tipo de autonomía se constituye por voluntad ciudadana de una región integrada por dos o más municipios para optimizar la planificación y la gestión de su propio desarrollo.