El abogado explicó que “esta norma establece que cuando se trata de actos de terrorismo, como ocurrió con los líderes de Santa Cruz, se debe incautar todos sus bienes”.

Morales fue acusado de terrorismo después de que se hiciera público un audio en el que instruye el bloqueo del ingreso a las ciudades para impedir la distribución de alimentos, durante las protestas por el fraude electoral que concluyeron con su renuncia a la Presidencia, en noviembre de 2019.

Delgado estuvo ayer en La Paz junto con el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, para presentar la declaración ampliatoria de las acusaciones que presentaron en contra de Evo Morales el 13 de febrero, en Sucre.

“El fiscal requerirá ante el juez de Instrucción la incautación del patrimonio, medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados, posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas como terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”, señala el artículo 4 del decreto 138.

Según la declaración jurada de bienes, Evo Morales es propietario de un departamento en la zona de Sopocachi en La Paz; dos en la ciudad de Cochabamba; una propiedad en el trópico cochabambino. Asimismo, señala que hasta diciembre del año pasado su patrimonio alcanza a Bs 1,2 millones, aunque a principios de 2018 los bienes ascendían a Bs 2,6 millones.

Otras gestiones

El presidente del Comité pro Santa Cruz desplegó una agenda de visitas ayer con el objetivo de acelerar los procesos en contra de Morales. En la mañana visitó las oficinas de la OEA y solicitó una copia del informe sobre fraude electoral, pero no recibió la documentación debido a la falta de representante oficial de la OEA en el país y sugirieron que hiciera gestiones por Washington.

Luego visitaron las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde acordaron que la denuncia del Comité se plegará a las otras demandas que llegaron contra Morales.