La funcionaria, que antes trabajó en la Gobernación de Santa Cruz, fue designada en diciembre de 2017 como Responsable del Proceso de Contratación (RPC) para la compra de 91 mil mochilas, adquiridas, antes de la publicación de la licitación, en la China por dos empresas cruceñas, Mane Comp y MSPC.   

Ayala declaró que al menos 15 personas participaron en todo el proceso, una parte muy importante de la unidad solicitante, la Secretaría de Desarrollo Humano, que consensuó los logotipos con la unidad de imagen, que depende de otra instancia.  

La jueza dispuso arraigo para Ayala, el cambio de oficina, la prohibición de acceso a los documentos del proceso y fianza de 100.000 bolivianos.

La audiencia duró cinco horas en las que el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría sustentaron las irregularidades. Empero, tanto la imputada como su defensa hicieron referencia a la unidad solicitante como la que tiene mayor participación.

“Un proceso de contratación es como el fútbol. Cada integrante juega un rol específico, en este caso, lo señala el Decreto Supremo 181”, manifestó Ayala, durante su intervención en la audiencia.

La también directora de Contrataciones de Obras de la Alcaldía explicó que el proceso tiene tres etapas: preliminar, procedimiento y ejecución. En la primera, la unidad solicitante determina características, montos, cantidades, detalles técnicos y hace el requerimiento.

“Existen dos funcionarios debidamente identificados que firman todo este requerimiento. El 28 de noviembre, quien autoriza el inicio del proceso de contratación debió verificar todo esto”, dijo.

Quien hizo la solicitud fue la Secretaría de Desarrollo Humano. En tanto, la autorización de inicio del proceso de  fue ejecutada por el primer RPC, Diego Moreno.

El funcionario se desempeñaba como secretario de Finanzas; no obstante, renunció tras una denuncia de sobreprecios en los seguros y Ayala fue señalada como la responsable de continuar con estas funciones. “Cuando me dijeron que era RPC llegó una carpeta donde sólo tenía que verificar los requisitos. Al día siguiente, tuve que hacer una enmienda a la solicitud de la unidad solicitante. Luego, designé a la comisión calificadora, pero eso también lo hago conforme a norma. Eran cuatro participantes, dos de la unidad técnica y dos de la de educación”, explicó.

Siguió: “Ellos se encargaron de hacer la apertura de sobres y luego en sesión reservada hicieron la revisión de los documentos y la evaluación. Resultado de ello, me pasaron un informe que tenía errores, pues lo hicieron por empresa y no por lote. Pedí que corrijan”.

Finalmente, Ayala indicó que ella en ningún momento podía haber influenciado a favor de la empresa, pues ni siquiera al inicio del proceso podría haber sabido que Moreno renunciaría. “Quiero que me demuestren cómo es que dicen que conocía el precio, cómo es que podría haber conocido los datos técnicos, si en agosto yo no sabía que sería RPC en diciembre (...) Yo no conozco a la empresa”, señaló.

La Fiscalía expresó que la contratación de mochilas fue un proceso “ficticio”.

CRONOLOGÍA

8 septiembre 2017. Diego Moreno (Finanzas), Andrea García (Des. Humano), Rolando Nogales (Des. Humano) y Óscar Bascopé (Educación) firman los documentos para el inicio del proceso.

13 noviembre 2017. El alcalde José María Leyes autoriza, mediante resolución, el proceso de contratación de las mochilas.

28 noviembre 2017. El Responsable del Proceso de Contratación (RPC), Diego Moreno, autoriza el proceso y aprueba el Documento Base de Contratación (DBC).

7 diciembre 2017. Carolina Ayala es designada RPC, ante la renuncia de Moreno. Al día siguiente se aprueba el DBC.

18 diciembre 2017. Carolina Ayala designa comité calificador.

20 diciembre 2017. Comité remite informe de evaluación a RPC.

26 de enero 2018. Se firma la minuta de contrato por: José María Leyes, Andrea García, Luis Guzmán y Néstor García.

El DBC señala que los útiles deberán tener una identificación aprobada por la unidad correspondiente (unidad de imagen). Los productos se compraron antes de este proceso.

AYALA SE AFERRÓ A SU FE Y SU FAMILIA EN LA AUDIENCIA

Agarrada de su Biblia y con notable nerviosismo llegó la funcionaria Carolina Ayala a su audiencia de medidas cautelares, luego de haber estado aprehendida por un día y medio en la EPI Norte.

Durante la audiencia, la jueza anticorrupción, Sarah Céspedes, encontró la existencia de elementos de convicción de que Ayala es posible autora o partícipe de dos de los tres delitos que se le imputan. Entre ellos incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública. Pero, no así el uso indebido de influencias.

Asimismo, la juez reconoció que la imputada acreditó tener familia, trabajo y domicilio. Sin embargo, existe el riesgo de que pueda manipular la documentación o testigos. La representación del Viceministro de Transparencia apeló la decisión.

Ayala no pudo contener las lágrimas cuando se mostraron fotos de ella con su hija en un viaje representando a Bolivia en gimnasia.