En la ciudad de Cochabamba el daño económico alcanzaría a 10 millones de bolivianos de un material de importación china, cuyo costo real sería de 2 millones de bolivianos. Los denunciantes estiman que en el mercado nacional una mochila similar no pasa de los Bs. 26 por unidad y que las importadas llegarían a 80 Bs., cada una. La operación estuvo a cargo de una sociedad “accidental” organizada tres días antes de la adjudicación, además de otros indicios de ilicitud.

Luego de una audiencia cautelar, el alcalde José María Leyes se benefició con detención domiciliaria, pero en primer lugar el Ministerio Público tuvo una actitud francamente represora por la condición opositora de la autoridad. Lo normal habría sido que concluya la etapa investigativa y como consecuencia se proceda conforme a ley. No fue así. Entre otras cosas, se le impidió ser asistido por un defensor propio y se le asignó otro de oficio, siendo conducido a celdas policiales bajo un aparato policial desmesurado. La intencionalidad de humillar al alcalde ante la ciudadanía cochabambina fue evidente. Una autoridad, por culpable que pueda aparecer, debe merecer respeto, no a su persona, si se quiere, sino a la investidura que representa, máxime si por el voto fue elegido.

El juez cautelar le aplicó, asimismo, medidas extremas: detención en su domicilio con custodia policial, arraigo, prohibición de desempeño de sus funciones ediles y hablar o tratar con funcionarios municipales. Lo correcto debía ser que se defienda en libertad, además de otras disposiciones adecuadas a sus funciones. No es conveniente crear situaciones conflictivas en el interior del Gobierno Municipal, como ahora es previsible. La renuncia por dignidad se impone en casos como este; ello es impensable en nuestro medio, según se ve en todo nivel.

Ahora bien, el tratamiento de la Justicia no es el mismo si se trata de una autoridad oficialista. En Oruro se presenta plena similitud. Sobreprecio cuantioso, mochilas importadas de China, etc., cuyo principal responsable sería el alcalde Edgar Bazán Ortega. El supuesto ilícito fue denunciado en 2017, no obstante la fiscalía “mira a otra parte”. Paralelamente al ajusticiamiento de Leyes, un diputado sorprendió con un audio en el cual el Fiscal Departamental instruye la desestimación de cargos contra el ex alcalde cochabambino Edwin Castellanos, por la caída de un puente en esa ciudad, construido en su gestión. El fiscal departamental invoca inclusive que las “decisiones del Orden Judicial están controladas”… Las investigaciones no avanzan desde entonces. La pregonada lucha del Gobierno contra la corrupción empieza por discriminar si se trata del militante del partido de Gobierno o si el presunto infractor es opositor.