Su súbita caída no fue la resultante de valerosos ciudadanos que decidieron dar la batalla final, esta batalla era ya para octubre del 2019 una batalla perdida por el gobierno del MAS, aun si no se hubiera producido el monumental fraude y si no se hubiese producido el paro general de los 21 días. El régimen estaba condenado a perecer más temprano que tarde, en la medida en que el conjunto de las propuestas y el proyecto con el que llegó al poder no solamente estaba agotado, sino, además, finalmente se mostró fallido.
Podría argüirse que la bonanza de casi tres lustros contradicen esta hipótesis. Considérese al respecto que si el juicio ciudadano se fundamentara sólo en aquellos aspectos económicos, propios de un momento económico altamente positivo, ningún régimen de clara identidad autoritaria, como los de Argentina, Paraguay o Ecuador habrían experimentado las derrotas que experimentaron. La mera economía no basta cuando la libertad y los derechos son el precio de la bonanza.
Lo que en realidad pasó es que la dinámica económica reactualizó expectativas en todos los sectores y segmentos de la sociedad boliviana, expectativas que, llegado el momento, sólo podían avanzar en un marco de libertades y democracia que el MAS y el caudillo no estaban dispuestos a conceder.
Se sumaba, además, que los flujos de capital proveniente de los magníficos precios de las materias primas no seguían un derrotero que terminara apoyando el desarrollo de esas clases sociales, estratos y segmentos de ciudadanía; de forma obtusa y corrupta fueron a terminar en reducidos grupos de poder y corporaciones prefabricadas, cuya existencia era de principio a fin la negación de cualquier criterio democrático y el hábitat de las formas más bizarras de corrupción que la historia nacional ha registrado.
En la medida en que se ampliaba el espectro del beneficio y al mismo tiempo el rango de las expectativas, más cerrado se hacia el discurso oficial. Cuando la necesidad de reconocer un creciente mestizaje y un ascenso de las clases más deprimidas hacia una nueva clase media, más racista se tornaba el discurso oficial, lo que, en el fondo, constituía (o al menos es percibida) como una amenaza al proceso económico que, más allá de cualquier ideología de raza o de etnia, requería de una visión más amplia y plural y menos etnocéntrica.
Se sumaba a esto la certeza cada vez mayor de que el show de Evo, que a la sazón ya tenía casi 14 años, mostraba claros síntomas de agotamiento. En un determinado momento nada que hubiera dicho Evo Morales, menos García Linera, o cualquiera de sus correligionarios era aceptado como verdad evidente.

Una duda metódica terminó cercando las narrativas oficiales y el conjunto de la ciudadanía trocó la confianza por la incertidumbre. De alguna manera era la prueba de que toda la narrativa oficial era engañosa.
Si en la ecuación final ponemos un cúmulo de expectativas insatisfechas, un discurso castrante de corte racista frente al desarrollo de las fuerzas productivas, compuesta por una pluralidad de sectores independientemente de su filiación étnica, y el escenario de coacciones y prescripciones de corte totalitario, sería fácilmente predecible imaginar el fin del régimen.
El detonante fue, sin duda, una ciudadanía decidida a terminar con este esquema, en el que cualquiera que le dé certezas reales, demostrara seriedad y consistencia y le agregara el valor suficiente como para enfrentarse al dragón de tres cabezas, desencadenaría el final de la dictadura, y eso es lo que paso.