La oportuna acción legal dispuesta por el Ejecutivo logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admita la consulta previa sobre la constitucionalidad o no del instrumento que fuera aprobado por la mayoría del partido cuyos ejecutivos huyeron el país, ante la presión ciudadana y tras revelarse un monumental fraude electoral.

El asunto en los días pasados era reclamado por parlamentarios del MAS que exigían su promulgación, precisamente cuando más denuncias sobre hechos irregulares comprometían la idoneidad de las máximas autoridades nacionales que se encuentran fuera del país y algunas todavía permanecen en calidad de asilados en una embajada acreditada en nuestro país.

Lo importante es que ante críticas de instituciones, de partidos políticos y de los protagonistas de esos organismos sobre la aprobación de una norma dirigida claramente a evitar la aplicación de procesos y sanciones a ex autoridades, cuya gestión deberá merecer investigaciones, auditorías y exigencia de aclaraciones, lo que ya no se podría con la "ley escudo", por lo mismo el Ejecutivo ha planteado al TCP, opine al respecto y determine la validez constitucional o no de una forzada normativa de interés partidario.

El análisis constitucional de los magistrados, suspende temporalmente la promulgación de la "ley de garantías" dando paso a un trabajo especial del Tribunal Constitucional a través de su Sala Plena para resolver el fondo del problema del proyecto de ley, cuya elaboración habría sido instruida por el expresidente Morales, ante la inminencia de investigaciones y denuncias de su largo mandato. Se entiende que en la mayoría de los casos se incluirá a sus más cercanos colaboradores, de los cuales varios ya han sido tipificados como responsables de actos de corrupción.

En el proceso en curso el TCP emitió dos autos constitucionales en los que admite dos acciones distintas en contra de la misma norma. Una corresponde a la consulta de constitucionalidad planteada por el Gobierno de Transición y otra al recurso directo de nulidad planteado por un senador cruceño de oposición. La medida asumida por los magistrados del Tribunal, alienta la esperanza de que una normativa elementalmente partidaria no sea aprobada para "cuidar las espaldas" de ex funcionarios de un gobierno expulsado por el pueblo.

En niveles del Gobierno de Jeanine Áñez, se estima que el TCP, establecerá la condición más adecuada al cumplimiento de normas, de modo que en ningún caso prevalezca la impunidad y se proteja a responsables de hechos claramente ilegales y perjudiciales a los intereses del país. Se espera que en el Legislativo se entienda la coyuntura política del momento.