En el Estado de derecho y en tránsito de restaurar la democracia luego de más de 14 años de dictadura, le corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE)  salir por la fórmula de la TRIPLE i, bajo la concepción constitucional contemporánea que: No habrá Constitución ni orden constitucional, sin voluntad de constitución, sin convicción de su necesidad para establecer un orden social, publico, político y efectivo, que dé certeza y seguridad, no a partir de prejuicios fácticos y amenazas oscuras y distribuciones representativas desigualitarias poblacionalmente, sino por cuño y rango constitucional.

Paradójicamente el TSE revive con efectos legales inexistentes al Referéndum  21F que, por Ley promulgada por la presidente Jeanine Añez No.  1266 de 24 de diciembre de 2019 se le confiere preferente aplicación sobre la SCP 0084/2017 al regular explícitamente que Evo Morales y Álvaro García Linera no deben participar en las elecciones de 3 de mayo de 2020. Se interpreta pues que ese mandato del soberano, vinculante, obligatorio y de cumplimiento inmediato reconocido por el art. 15 de la Ley del  Electoral No. 026, no permite la aplicación de la conducta débil en sentido que en el ordenamiento jurídico lo que no está prohibido está permitido, sino que en el caso analizado lo que le compete por atribución al TSE  es aplicar prioritariamente en sala plena con criterios de legalidad y oportunidad desde la doctrina coincidente internacional, la conducta de la permisión fuerte, tanto con relación a Evo Morales y Álvaro García Linera y demás autoridades nacionales electas y designadas su inhabilitación del proceso electoral, situación refrendada en el mandato del art. 149 de la Constitución de 2009, que exige como baremo a todos los ciudadanos para postularse y poder ser admitidos, la residencia permanente en el país, de dos años, como connacional.

La depuración del padrón electoral le obliga a aplicar legislativa y técnicamente la triple i: “independencia, imparcialidad e integridad” que es la fórmula ideal como categorías del derecho universal para optimizar ipso iure la transparencia y confiabilidad del proceso democrático.

Ahora bien, si bajo principios fácticos y precedentes oscuros con consecuencias nefastas protagonizados visiblemente el 20 de octubre de 2019, que dolosamente consumaron el fraude electoral al extremo, ahora de pretender su inscripción como senadores y diputados en las justas democráticas en forma cínica y artera, sería como si el  TSE estaría activando la aplicación de los efectos fraudulentos  de la sentencia SCP 084/2017de 28 de noviembre, de reelección indefinida del presidente.

Si los órganos del Estado deben defender la Constitución y sentirla como una parte fundamental de su propia cultura, la responsabilidad mayor la asume  hoy el TSE, corrigiendo, depurando, extirpando lo maligno y espurio dolosamente instalado por un partido político liderado hoy por un exiliado político y su escuela de manipuladores dolosos que debieron perder su personería jurídica ignominiosamente por prescripción de los arts. 136.III, 19.III de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 026 de 30 de junio de 2010. 

Si legal y jurisprudencialmente se hubiera tomado estas medidas oportunamente, tal como lo hicieron con la organización de Ernesto Suarez Sartori en las elecciones subnacionales, no estaríamos ante un follón injusto y totalmente desigualitario, todo por una estructura de poder nefasta que  pone en entredicho la misma Constitución.

Los ciudadanos que fueron perseguidos políticamente y se vieron forzados a buscar refugio en otros países, al de dejar el país y recobrar su domicilio por efecto de amnistía que declaró la Presidente, merecen un tratamiento flexible, humano, ético y ponderativo en su derecho de participación política como senador o diputado, más aun si su convicción democrática no se vio manchada en fraudes electorales en el servicio público al país. 

Aquí, el TSE tiene que valorar entre la permanencia domiciliaria en la circunscripción de dos años en el país y el valor del principio democrático en su funciónética-legal de por vida y en el nuevo horizonte  regulatorio.

Por tanto, la solución definitiva la tiene la sala plena del TSE inhabilitando a Evo Morales, Sacha Llorenti, Gabriela Montaño, Gringo Gonzales, Ramiro Guerrero y sus afines del MAS-IPSP al no contar con la prueba legal de la residencia permanente en la circunscripción territorial a la que pretenden postular vía apoderado.

Como colofón (Haberle: 2009) opina: “La función del control de la Constitución y de los derechos humanos y políticos en el tiempo no son para generar desproporciones, no tienen otra expresión advertida, de protección de las generaciones sucesivas”.