Hasta ese momento, la retórica de la Mandataria, radicalmente distinta al discurso de confrontación vigente durante los 14 años de la gestión del MAS, permitía pensar que era posible recuperar la capacidad de diálogo entre diferentes y aceptar que es posible crear espacios de acuerdo, porque se ve al otro como eventual adversario y no como un enemigo a derrotar y dominar.

Pero, esta esperanza se ha diluido rápidamente y es posible observar en medios tradicionales y, sobre todo, en las redes sociales que cualquier comentario es de inmediato respondido con una cascada de adjetivos que, obviamente, obstaculizan toda posibilidad de diálogo.

Esta actitud afecta la pacífica convivencia ciudadana y daña los cimientos de la sociedad, porque aumenta la desconfianza, el temor y la agresión entre los ciudadanos, hombres y mujeres, y entre estos y el Estado.

En esa situación, creo que es una responsabilidad compartida crear espacios en los que, sin arriar las legítimas posiciones de los actores, se puedan compartir visiones de país y establecer bases para futuros acuerdos de gobernanza.

Con esa creencia, la impertinente convocatoria del  Comité Cívico de Santa Cruz a una reunión con los principales dirigentes políticos de las organizaciones que terciarán en las elecciones de mayo (a la que no faltaron coladores, especialmente algunos recién llegados) tuvo, sin embargo, un punto fundamental: el compromiso de no atizar la guerra sucia entre los competidores.

Conviene insistir en que la propuesta de crear escenarios de diálogo no responde a ingenuos deseos de confraternidad o sólo buena voluntad. Es tal la desarticulación del Estado, que hay que estar conscientes de que quien se haga cargo de la conducción del país deberá concentrar esfuerzos para, al mismo tiempo de recrear la institucionalidad democrática, enfrentar una posible desaceleración económica, responder a las demandas sectoriales creadas en los últimos años, recuperar una justicia transparente y generar una cultura de exigir derechos, pero también cumplir obligaciones.

Lo deberá hacer, además, en un escenario en el que ya no habrá una corriente hegemónica, lo que exigirá establecer acuerdos programáticos de largo alcance.

De ahí que pedir a las organizaciones que participan en este proceso electoral calibrar con precisión los ataques a los adversarios, trasciende la mera campaña electoral, pues facilitará (u obstaculizará, que es el peligro de privilegiar la confrontación) que hacia adelante se establezcan acuerdos de gobernabilidad.

Pero, no sólo las organizaciones políticas y sus candidatos tienen responsabilidad en esta materia. Los medios de comunicación, a su vez, pueden ser canales de encuentro, antes que de enfrentamiento, siempre y cuando podamos recuperar la esencia de nuestro oficio, que es la de informar de la mejor manera posible, en forma plural y equitativa. Esto exige, a manera de autocrítica, dejar de sentirnos guías de la sociedad y de creer que somos la voz de los sin voz. A estas alturas del desarrollo de las comunicaciones, cumplir nuestro papel de ser intermediarios entre los sucesos y la sociedad que es algo ya de por sí complejo.

En fin, el desafío que tenemos es recuperar la capacidad de respetar al otro, base fundamental del sistema democrático, y convivir con él pese a las legítimas diferencias que se tenga. O sea, recuperar la posibilidad de hablar entre nosotros.