Si lo hizo para tratar de invalidar la sucesión constitucional en un momento delicado que vivió el país, el magistrado Flores está jugando con fuego. Si lo hizo por salvarse de un probable juicio en su contra, sería un acto irresponsable que no correspondería al nivel de su investidura.

Y aunque insistió en que el comunicado no avala a ningún nombre, no tiene relevancia jurídica ni es vinculante, en su explicación el magistrado afirmó que el TCP emitió esa posición por la situación crítica por la que atravesaba el país y que la sucesión constitucional “debe efectuarse en el marco del respeto a la Constitución”. Es decir, para enredos, el magistrado Petronilo Flores.

El caso llama la atención cuando menos en dos aspectos. Primero, que parece revelar un cambio de estrategia del MAS en la Asamblea Legislativa, que hasta ahora había mostrado una línea concertadora y viabilizadora, y que coincide llamativamente con la llegada de Evo Morales a Cuba.

¿Quiere el MAS deslegitimar o desconocer la validez de la presidencia de Jeanine Áñez? ¿Cuál es la intención de la Comisión de Justicia Plural al citar a declarar a Flores y cuestionarle precisamente sobre la sucesión constitucional que derivó en la presidencia de Áñez?

Lo segundo es la constatación del excesivo poder que las leyes confieren a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que con las actuales facultades tienen capacidad de decidir no solo el carácter constitucional de una u otra medida, sino también capacidad de determinar el rumbo político del país.

Sabido es, además, que la elección de ese cuerpo está lejos de ocurrir en un marco de selección apegada a las capacidades y la independencia política de sus miembros, sino, como casi todo en el país, tiene la sombra de la influencia de una determinada mayoría, en este caso el MAS, que por mucho que se lo niegue es de carácter determinante en muchas de las resoluciones, comunicados o declaraciones que surjan de él.

En la próxima agenda de reformas estructurales del país, tendrá que incluirse un capítulo especial a fin de determinar con mejor criterio las funciones, facultades y limitaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, para garantizar de maneras menos arbitrarias el cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Un caso como el de la sucesión constitucional que ahora se discute en una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no tendría por qué ir a consulta de ese ni otro tribunal porque la Constitución Política del Estado es suficientemente clara al establecer el orden de prelación en las sucesiones. No tendría que hacer falta que el Tribunal Constitucional Plurinacional confirme lo que a la lectura de todos está bastante claro. Lo contrario es exponer al país a que la opinión, quién sabe si independiente o no, de unos cuantos magistrados decidan el destino político de todos en una circunstancia tan sensible como fue la de noviembre del año pasado.