En un informe dirigido al Director de Salud Ambiental y Cambios Climáticos de la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, al que accedió ANF, Gutiérrez detalla el recorrido de dos inspecciones realizadas al río Chaquety, en los que se verificó serios impactos ambientales por la actividad ilegal minera ocasionada presuntamente con las cooperativas Chaquety, La Plaza, Palma Flor, Villa Santiago Crestón, Chaquety La Plaza B y Elena Pampa.

"Una vez en el río Chaquety, se pudo evidenciar un letrero con el mensaje: Bienvenidos al paraíso Chaquety La Plaza. El lugar pertenece al municipio de La Asunta de la provincia Sud Yungas, donde se notó una gran cantidad de maquinaria pesada, entre tornamesas, retroexcavadoras, topadoras, volquetas y muchos hombres trabajando", menciona el informe.

El documento que acompaña una serie de fotografías muestra una gran devastación de las áreas boscosas de las orillas del río, la tala de madera acumulada, la destrucción del río, el traslado ilegal de combustible, entre otras actividades ilícitas. 

"Además de la explotación de oro que realizan, se pudo evidenciar la enorme cantidad de contaminación y destrucción del río Chaquety, la apertura de caminos, la tala indiscriminada de árboles y la internación de combustibles", señala el informe.

Esos fueron algunos de los hallazgos durante el primer viaje realizado el 3 de abril desde la población de Chamaca rumbo al río Chaquety, que pasó por las localidades de San Bartolo, Quinuni, San Pedro, Tacuarai y Chaquety La Plaza, en respuesta a la denuncia formulada por la Cooperativa Ullakaya Condoriri, que reclama un derecho preferente sobre 50 cuadrículas ubicadas en el cantón Arcopongo del municipio de Inquisivi. 



IMPEDIDOS

DE CIRCULAR

En un segundo viaje realizado el 5 de abril al río Chaquety, esta vez a la provincia Inquisivi, se procedió a la inspección según el informe detallado. Sin embargo cuando se pretendía continuar con la tarea se pudo observar una tranca rústica en el camino controlada por supuestos guardias de cinco cooperativas involucradas en la actividad minera ilegal.

"Controlaban el ingreso y salida de cualquier movilidad; era una tranca donde aproximadamente 30 personas obstaculizaron el paso de la comisión de técnicos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que tenía la misión de realizar la inspección a las supuestas cooperativas asentadas en el trayecto del río Chaquety", señala el documento.

El informe continúa: "cuando se les dio a conocer del trabajo que íbamos a realizar, las personas parapetadas en la tranca rústica no quisieron entender, ni mucho menos darnos el paso respectivo, argumentando que tenían órdenes superiores de no dejar pasar a ninguna comisión, mucho menos que sean del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz".

Según el relato del Encargado de Fiscalización de la Dirección de Salud Ambiental y Caminos Climáticos, las personas que impidieron el ingreso al equipo técnico argumentaron "que si pasaban la tranca deberíamos tener órdenes expresas y escritas por la autoridad del lugar o bien una autorización del Alcalde del Municipio. Con esas autorizaciones podía pasar cualquier comisión".

Al ver que la comisión perdió todas las esperanzas de poder pasar la tranca, se limitó a recabar información de las personas que se opusieron al paso de la comitiva. "Las personas de contacto fueron Marcelino C.C., Félix C. C., Angelino M.A. y Paulino M.A., quienes manifestaron que para pasar la tranca deberían tener autorización de parte de las autoridades de la comunidad".



ANTECEDENTES 

Durante la gestión 2012, la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri hizo una solicitud al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), para la explotación minera autorizada en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.

El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio, mostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013, publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa, para tramitar su autorización para la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.

Sin embargo, los comunarios del lugar anoticiados por la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área. 

El informe técnico circunstancial de la intervención, el acta de secuestro firmado por el suboficial Telésforo Chura, señala que en la localidad de Quime de la provincia Inquisivi, el 4 de diciembre de 2014 se secuestró un arma de fuego calibre 22, decomisado a Amacías Mamani de la sub central de la comunidad de Patohoco. 

A pesar de esa incursión, las cinco cooperativas tomaron el área y explotan oro de manera ilegal. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en lugar de activar un operativo para recuperar las áreas fiscales dejó el asunto en manos del Fiscal de Quime, quien a su vez desestimó el caso por "falta de pruebas". 

El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), deslindó a la AJAM la responsabilidad de constituirse en querellante de los cooperativistas ilegales. 

A pesar de los antecedentes, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dio curso a la consulta para la explotación del oro a pesar que admitió que no fue ni previa, ni informada.