El jefe de bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, consideró que Flores confunde a la población y será el TCP la instancia que explique el valor legal del comunicado y cómo se dio la información ese momento.

“Fueron los dos tercios del MAS que ayudaron a pacificar el país. Imagínese si los dos tercios del MAS alentaban los conflictos. Se razonó fríamente y ahora este tipo de declaraciones (de Flores) preocupan por lo que se vive ahora. El pueblo los juzgará a los miembros del TCP por lo que hicieron”, declaró Chambi.

En el lado más duro del MAS está Víctor Borda, quien fue presidente de Diputados y renunció a su cargo en pleno conflicto. El legislador potosino califica de “ilegal” el mandato de Áñez y anunció que se convocará a los miembros del TCP para que expliquen cómo salió el comunicado.

Versión del MAS

“Toda resolución del TCP es vinculante, de cumplimiento obligatorio. Si se sacó un comunicado sin valor legal tendríamos que preguntar a las autoridades del TCP bajo qué sustento lo han emitido. Si carece de eficacia política en función de la ley entonces todo ese interinato hasta la promulgación de la ley de Prórroga de mandato sería ilegal”, afirmó Borda.

Petronilo Flores, magistrado del TCP, afirmó ante los miembros de la comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados que el comunicado de esa instancia emitido el 12 de noviembre de 2019 que avaló la sucesión presidencial de Jeanine Añez “no tiene valor legal y no es vinculante”.

“Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. Ese comunicado, señora presidenta (de la comisión), a la pregunta, no es vinculante”, afirmó Flores en la comisión. Ayer, el magistrado del TCP no atendió su teléfono celular.

El 12 de noviembre, el TCP emitió un comunicado en el que hace referencia a la “Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001” y que “para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169.1 de la CPE”. Este comunicado fue tomado como un respaldo legal de este ente a la Presidencia de Áñez.

Al respecto, el ministro de Justicia. Álvaro Coimbra, afirmó que el TCP actuó de manera correcta por la situación difícil que vivía el país en ese entonces. La autoridad defendió la sucesión de Áñez y dijo que esa acción se aferra en la Constitución Política del Estado.

“Recalco que estábamos en un estado de necesidad constitucional, con un vacío de poder de dos días, casi 50 horas sin tener la primera autoridad del Estado, que es el presidente. Desde mi punto de vista, el TCP actuó de manera correcta, no tenía otra forma de pronunciarse. La única forma que tuvo de pronunciarse de manera oficial, fue a través de un comunicado y ese comunicado estableció una línea jurídica”, detalló Coimbra.

Mientras, el senador Óscar Ortiz, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, afirmó que la llegada de Áñez a Palacio Quemado no fue ilegal y que está contemplada en la Carta Magna. “Evo Morales huyó a México y se utilizó el reglamento del Senado, que establece que la segunda presidente remplaza al primer vicepresidente. Relacionando ambos textos, el reglamento y la Constitución, asumió la presidenta Jeanine Áñez”, dijo.

Sobre el tema, el diputado Édgar Montaño (MAS) aseguró que la declaración del magistrado Flores dejó “boquiabierta” a la comunidad internacional, que respalda la gestión de Añez ante las acusaciones de que en Bolivia ocurrió un golpe de Estado.

“Boquiabiertos dejaron a los países que apoyaron a la señora Áñez ¿Ahora qué dirán? (...). Vamos a convocar a todos los miembros del TCP porque ellos sin que nadie les pida sacaron esta resolución”, reprochó Montaño.