Bolivia no goza de las garantías que debería ofrecerle la comunidad internacional, cuya función es dar su apoyo a la recuperación de la democracia en un momento crucial, pues de retroceder en el esfuerzo que venimos haciendo los bolivianos, el país puede caer en la violencia y el terrorismo impulsados por el régimen narco-cocalero de Evo Morales.

No se puede admitir cómo organismos de la ONU que hoy pegan el grito al cielo por el arresto de sujetos de la peor calaña, no hayan abierto su boca durante 14 años de persecución política, abuso de poder y violación de los derechos humanos. Eso confirma la complicidad con la que actuaron, la connivencia con el autoritarismo y el boicot que pueden estar ejerciendo hacia la voluntad de la ciudadanía que no quiere el retorno del falso “proceso de cambio”, enfermo de odio y racismo.

El camino que venimos recorriendo los bolivianos es el correcto, pues se trata de reconstruir la institucionalidad a través de un nuevo gobierno elegido en comicios limpios y transparentes, pero eso nunca será suficiente, mientras el cocalero prófugo mantenga intacto su halo de buen indígena, justiciero y defensor de los más humildes, cuyo discurso, sus mitos e imposturas calaron hondo en la prensa internacional y algunos círculos de poder en el exterior.

El modo correcto de hacerlo es a través de la justicia, que está llamada a demostrar los delitos cometidos por Morales antes, durante y después de haber dejado el poder. Es innumerable la lista de procesos pendientes, incluyendo el de fraude electoral, delito que debería inhabilitarlo de por vida para participar en política y demoler por completo la estructura delictiva en la que se convirtió el MAS.

El caso terrorismo es el que mejor describe lo ocurrido en Bolivia en estos 14 años y que el muestra de cuerpo entero a Morales y a su régimen. Existe una confesión púbica por la matanza del hotel Las Américas, hay un camino recorrido en los estrados internacionales, tanto por las víctimas extranjeras, como por bolivianos que sufrieron aquella tortura jurídica y también hay mucho por investigar, dar conocer toda la verdad y la lista completa de culpables.

El Gobierno ha anunciado una minuciosa auditoría del proceso judicial que transcurrió durante casi 11 años, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que abrirá el caso del teniente de policía Jorge Raúl Clavijo Ovando, quien participó en el operativo que dio muerte a tres ciudadanos europeos y que posteriormente habría asesinado a su esposa, la periodista Hanaly Huaycho. La muerte del oficial fue rodeada de misterio y su aclaración ayudará a esclarecer muchos elementos. Finalmente, se ha informado que se recurrirá a la Corte Penal Internacional, donde Morales tendría que rendir cuentas, sin importar el lugar donde se esconda o el tiempo que pase.

La justicia está llamada a demostrar los delitos cometidos por Morales antes, durante y después de haber dejado el poder. Es innumerable la lista de procesos pendientes, incluyendo el de fraude electoral, delito que debería inhabilitarlo de por vida para participar en política y demoler por completo la estructura delictiva en la que se convirtió el MAS.