La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien mencionó que también se ha admitido una solicitud de control previo de constitucionalidad a la norma, presentada por Jeanine Añez, y un recurso de nulidad presentado por el senador Óscar Ortiz.     

“El tratamiento queda paralizado hasta que el Tribunal Constitucional, a través de su Sala Plena pueda resolver en el fondo y pronunciarse sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de este proyecto de ley”, indicó Franco.

La ley fue aprobada en la Asamblea por parte de la bancada del MAS, bajo el argumento de precautelar a dirigentes y políticos de una persecución. La norma generó polémica debido a que el Gobierno y sus aliados consideran que dará impunidad a exautoridades y responsables de hechos de violencia durante la convulsión social.        

La autoridad del TCP recalcó que no se pueden hacer trámites ulteriores, mientras no se resuelve el asunto de la constitucionalidad. El caso pasará a sorteo de un magistrado relator y correran plazos para que se emita una decisión.

Según información difundida por el diario Correo del Sur, el auto constitucional que admite la consulta es el 0027/2020señala que se suspende el procedimiento de aprobación de ese proyecto de ley ante la ALP.

El documento lleva la firma de los magistrados Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo y Petronilo Flores y, a partir de la fecha, el TCP tendría un plazo de 40 días para emitir una sentencia, según explicó Alanoca.

La senadora Eva Copa no podrá promulgar la ley en consulta hasta el pronunciamiento definitivo del TCP sobre el recurso de nulidad interpuesto, que dentro los plazos procesales se establecen 45 días, señaló.

Ortiz denunció que el proyecto de ley en consulta está viciado de nulidad debido a que los procedimientos para su aprobación violan tanto la CPE como el Reglamento del Senado.

Admisión evita la impunidad que busca el MAS

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó ayer que la admisión de la consulta de constitucionalidad del proyecto de Ley de Garantías (Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos) por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) evita la impunidad que pretende el MAS.

"Saludamos la admisión de la consulta de control previo sobre la constitucionalidad del proyecto de ley porque consideramos que no puede haber impunidad", afirmó.

El ministro manifestó que el Gobierno nacional no va a "tapar delitos", y dijo que lo que actualmente se manifiesta en Bolivia es respeto por la Constitución Política del Estado (CPE) y la garantía de los derechos humanos.