El auto constitucional que admite la consulta es el 0027/2020, que señala que se suspende el procedimiento de aprobación de ese proyecto de ley ante la ALP, y lleva la firma de los magistrados Gonzalo Hurtado (presidente de comisión), Julia Elizabeth Cornejo y Petronilo Flores.

Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), a partir de la fecha, el TCP tendría un plazo de 40 días para emitir una sentencia.

El 17 de enero del 2020, Jeanine Áñez presentó el recurso de consulta para que se haga una revisión absoluta del proyecto de ley de garantías que fue aprobado por el legislativo.

Días antes, la mandataria señaló que no promulgaría dicho proyecto, ya que vulnera la Constitución Política del Estado e intenta permitir la injerencia del Ejecutivo sobre otros órganos e instituciones del Estado.

La norma fue aprobada el 10 de enero por legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que argumentaban que se debe garantizar la vigencia de líderes sociales, cívicos, políticos y personas movilizadas de este partido.

Esta ley se aprobó casi un mes después de que Evo Morales renunció a la presidencia y salió del país.

Con la serie de hechos violentos que dejó al menos 36 fallecidos, tras las elecciones anuladas del 20 de octubre del año pasado, se decidió procesar a dirigentes y políticos del MAS, quienes durante esas fechas convocaron a movilizaciones violentas.