Por ahora, el TCP ordenó la paralización de su tratamiento en el Legislativo, a través de los autos constitucionales 0025/2020 y 0027/2020 de los magistrados Gonzalo Hurtado, Julia Cornejo y Petronilo Flores.

"En el auto constitucional, como corresponde en el Código Procesal Constitucional, se ha dispuesto que el tratamiento queda paralizado (en la ALP), hasta la emisión de la resolución de fondo. El plazo de 30 días es desde el sorteo de la causa que se producirá entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy)”.

Explicó que se emitieron dos autos constitucionales, 027 y 025, admitiendo las causas presentadas por la presidenta Jeanine Áñez, para consultar la constitucionalidad de la norma, además de la solicitud del senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, que envió un recurso directo de nulidad del proyecto por su aprobación irregular por la bancada del MAS.

La mandataria presentó el recurso el 17 de enero antes de su promulgación y además solicitó una medida cautelar para detener el proceso en la Asamblea.

Según Franco, la observación para pedir su nulidad es porque su aprobación en el Senado estaba viciado de nulidad.

“La ley observada no podrá ser promulgada por la Presidenta del Senado, ya que la admisión de este Recurso Directo establece la suspensión de la competencia de las autoridades que la aprobaron".

CUESTIONAMIENTOS El proyecto de ley fue cuestionado y criticado, puesto que establece que los dirigentes que promovieron movilizaciones después de las elecciones generales del 20 de octubre no podrán ser perseguidos judicialmente o aprehendidos. Algunos políticos y sectores sociales afirmaron que esa norma busca impunidad para exautoridades del Gobierno de Evo Morales.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea, advirtió con imponer sus 2/3 para la promulgación por su presidenta Eva Copa, en caso de que la respuesta no sea favorable. 

La Mandataria adelantó que no promulgaría el proyecto porque vulneraría la Constitución Política del Estado (CPE) , además porque intenta hacer una dualidad en las compensaciones económicas a las víctimas de los últimos conflictos en el país y permite la injerencia del Ejecutivo sobre otros órganos e instituciones del Estado.

Para el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, la admisión de la consulta de constitucionalidad evita la impunidad que pretende el MAS. Advirtió que el Gobierno “no va a tapar delitos” y lo que actualmente se manifiesta en Bolivia es el respeto a la Constitución.