El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, declaró a Erbol que en la audiencia se puede demostrar que se está violando el derecho al trabajo y siendo que éste está protegido por la Constitución y convenios internacionales, debería otorgarse la tutela.
Señaló que la única restricción que debería tener Leyes es no manejar ni tener acceso a las carpetas del proceso de licitación de las mochilas y continuar trabajando para estar a la cabeza del gobierno municipal.

Bascopé por su lado manifestó que la Constitución abre la posibilidad de utilizar ese recurso, pero considera que no puede prosperar porque la decisión de alejarlo del cargo, es política.
“En este momento la defensa no debería ser jurídica, más allá que las instituciones le permitan. No, es un equívoco. Eso es una batalla política y no habrá nada institucional ni jurídica, mientras el MAS tenga los dos tercios en la Asamblea y esto da para largo hasta desmontar el Estado Plurinacional amañado. Esta es la hegemonía que pedía García Linera”, manifestó.

El pasado domingo el juez fijó una fianza de 200 mil bolivianos, ordenó su arraigo y le prohibió tomar contacto con funcionarios públicos y también hablar sobre el proceso y asistir a la Alcaldía.

MAS
Por su parte, el Movimiento al Socialismo no está conforme con la detención domiciliaria del alcalde de Cochabamba. La diputada Mireya Montaño dice que merecía la cárcel, por las presuntas irregularidades en la adquisición de mochilas escolares.

“El juez ha emitido una resolución con la que no estamos de acuerdo, porque el juez debió enviarlo a la cárcel, porque hay peligro de fuga y obstaculización en la investigación”, sostuvo la legisladora