El Tribunal Constitucional prorrogó todos los mandatos, a objeto de evitar perjuicios en el funcionamiento de las instituciones estatales y la provisión de los servicios públicos, sin embargo no ha sido evaluado rigurosamente el rol que deberían desarrollar los legisladores nacionales, que tienen funciones hasta que se posesione el nuevo Congreso dentro de unos meses, lo que resulta de suma importancia porque están asumiendo una actividad intensa y obviamente ello es de relevancia política. Dos tercios de los parlamentarios pertenecen al Movimiento al Socialismo y como consecuencia de ello, sus votos permitieron conformar los tribunales electorales, después del escandaloso fraude cometido por ese mismo partido, sin embargo, lo hicieron bajo una fuerte presión ciudadana, que los obligaba a posibilitar tales designaciones, la alternativa de no hacerlo equivalía a inviabilizar la convocatoria a nuevas elecciones y en consecuencia impedir que opere la propia transición política. Muchos interpretaron ese comportamiento como conciliador, una apertura estratégica, donde se habría actuado colocando los intereses sectarios en segundo plano y bajo el liderazgo de una corriente que en su momento se calificó como moderada, de forma que muchos creyeron que los políticos más radicales de ese partido habían sido desplazados de las decisiones. Sin embargo es bueno recordar que esa tarea de convocar a nuevos comicios no estuvo exenta de dificultades y solo fue posible después de arduas reuniones políticas, en las que inclusive delegados de la Unión Europea tuvieron que intervenir en calidad de mediadores, en ese contexto fueron suscritos los acuerdos y se hicieron varios compromisos, que aparentemente no están muy dispuestos a cumplir. El tiempo fue demostrando que no existe tal facción moderada, precisamente porque una amplia mayoría intervino en la aprobación de la famosa ley de garantías, pese a los cuestionamientos ciudadanos, las contradicciones jurídicas e incoherencias prácticas, que debieron en su momento desalentar su tratamiento. La porfía primó con relación a la Constitución Política del Estado, ahora en la cámara de diputados se pretende reabrir el mismo debate, luego de que aprobaran la Declaración Camaral N° 008/2019-2020, para rechazar lo que califican como una vulneración a las garantías y derechos que tienen varios de los dirigentes políticos, que están siendo investigados por la comisión de múltiples delitos. Estos comportamientos demuestran que el Órgano Legislativo está empeñado en jugar un rol político relevante, pese a que carece de legitimidad para hacerlo y sin que importe garantizar la estabilidad política, que resulta indispensable en este periodo de transición, la intención es obstaculizar la persecución judicial de varios delitos y generar condiciones para que sus autores gocen de ciertas condiciones de impunidad. Los legisladores del M.A.S señalan que no existe «Estado de Derecho»y ahora acusan a los magistrados, fiscales y jueces que ellos mismos designaron, de estar cometiendo excesos, violando derechos humanos y de soslayar el cumplimiento de las normas, dato de la realidad por demás curioso, que permite suponer que esa bancada utilizará sus dos tercios para caldear el ambiente político y entorpecer el proceso electoral desde sus curules. De forma que sin importar la eficacia de sus acciones, será un Congreso que legislará poco, confrontará mucho, actuará sin temor a las contradicciones y sin respeto por las formas ni los acuerdos.