Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: jueves 13 de febrero de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, presentó ayer una denuncia a la Fiscalía General del Estado, en la que pidió incluir en las investigaciones por el presunto fraude electoral al exmandatario Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García porque son los responsables intelectuales de la alteración de resultados de las elecciones del 20 de octubre.
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En el memorial también se menciona a los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero, y de Justicia, Héctor Arce. La demanda establece la comisión de cuatro delitos electorales: uso de documento falsificado, obstaculización de procesos electorales, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados.
“Los autores materiales de este fraude fueron los miembros del Órgano Electoral, pero respondieron a un autor intelectual: al gobierno de Evo Morales, y la prueba obvia de que esto es así es que el beneficiario directo de ese fraude fue el candidato Evo Morales. No se puede hacer una separación entre el acto material de fraude y el acto intelectual”, argumentó Mesa.
El 10 de noviembre de 2019, tras conocer el informe oficial de auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fiscalía General inició una investigación de oficio sobre el presunto fraude electoral contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Carlos Alarcón, abogado del aspirante, explicó que el proceso se desarrollará por la vía ordinaria, ya que el fiscal general, Juan Lanchipa, comenzó una investigación penal por delitos electorales contra los exvocales.
“No se pueden tramitar dos procesos separados por un mismo hecho. El Fiscal General está obligado a actuar conforme a la norma”, puntualizó el jurista.
María Eugenia Choque y Antonio Costas fueron aprehendidos inmediatamente y remitidos a los centros penitenciarios de Miraflores y San Pedro, respectivamente. En el caso del primero, renunció dos días después de la jornada electoral; luego de dos meses en la cárcel, se benefició con la detención domiciliaria.
Resarcimiento
Por otra parte, Mesa también solicitó a la Procuraduría General del Estado intervenir en el caso, con el fin de vigilar que los responsables reparen el daño económico que se generó al Estado el 20 de octubre.
Los exvocales del TSE solicitaron 317 millones de bolivianos para los comicios de octubre, incluyendo un eventual balotaje. El Ministerio de Economía solo desembolsó 217 millones de bolivianos para el desarrollo de la primera vuelta.
