García-Sayán, en un artículo publicado en El País, hace un recuento de casos que atañen a exautoridades del MAS acusadas por la justicia boliviana y, en su afán de probar que existe persecución política, incurre en una serie de imprecisiones. Dice, por ejemplo, que Wilma Alanoca fue acusada luego de que Morales anunciara que iba a ser candidata, lo cual es falso. También señala que Wilfredo Chávez tuvo que asilarse en la Embajada de Argentina, sin aclarar que no existe una orden de captura en su contra. O, señala que Gustavo Torrico fue ministro de Morales, lo cual no es cierto.

Al margen de esos detalles,  García-Sayán se parcializa en favor de Evo Morales, a quien no lanzó ni una sola crítica durante su mandato, pese a las sucesivas denuncias que llegaron a su despacho. Por ejemplo, Julieta Montaño, jurista y activista por los derechos humanos, le recordó que la Fundación Derechos Humanos y Justicia de Bolivia denunció ante su persona atropellos de Evo Morales en tres oportunidades, pero que no hizo nada al respecto.    

Es probable que García-Sayán tenga razón en algunos casos y de hecho este medio denunció excesos del actual Gobierno en diferentes oportunidades, pero no se debe perder de vista que en la mayoría de los casos  los dirigentes del MAS cometieron delitos en la organización de grupos irregulares  y otros cometieron fraude electoral. Hay indicios de que Morales, por ejemplo, tuvo participación o conocimiento de ambos hechos. 

Pero hay casos peores que el de García-Sayán. El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Corte IDH), Eugenio Zaffaroni, es literalmente el abogado personal de Evo Morales. ¿Cómo puede permitirse, sobre todo en tribunales internacionales, que un jurisconsulto que supuestamente debe ser imparcial, patrocine a un expresidente?

Dentro de todo, es una buena noticia que  luego de una gestión de la Procuraduría General del Estado de Bolivia  la Corte haya decidido apartar a Zaffaroni de las causas que se refieran a Bolivia. Sin embargo, tal decisión no representa ninguna garantía, tomando en cuenta que el citado juez sigue siendo parte de la estructura de la Corte.

La lista puede continuar con el enviado de Naciones Unidas para hacer seguimiento al conflicto de Bolivia que, hasta ahora, ha tenido una actitud tibia y hasta contraria al proceso democrático que vive el país. Hace poco, por ejemplo, dijo que “en un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales”.

A Arnault y a la ONU en general se les puede reclamar lo mismo que a García-Sayán: ¿por qué callaron durante 14 años? Al menos, durante el proceso electoral de octubre, cuando Morales hizo abuso de los bienes públicos en su campaña, cuando el MAS cometió fraude electoral o cuando los opositores fueron perseguidos. ¿Dónde estuvo la ONU?

Algo parecido o peor se puede decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que debió pronunciarse contra el “derecho humano” de Evo Morales a ser elegido eternamente, pero que no lo hizo. 

Se puede reafirmar que Evo no sólo tiene abogados con honorarios, sino también representantes en organismos internacionales que no hacen el mínimo esfuerzo por entender el proceso boliviano y que, de la nada, concluyen que el expresidente, por ser indígena y supuestamente izquierdista, es  víctima; mientras que   el nuevo gobierno, por ser de derecha y religioso, es el victimario. Bolivia es más compleja que eso.

Hay que hacer notar que la  excepción es la Unión Europea, que ayudó en la pacificación y sigue apostando por la transición como corresponde: llamando la atención sobre la necesidad de un debido proceso -que es indispensable- pero sin caer en el relato de victimización del MAS.