“A nombre de Comunidad Ciudadana estamos presentando al Fiscal General del Estado (Juan Lanchipa) una denuncia de delitos electorales que solicita la ampliación de las investigación es en curso y el resarcimiento del daño económico causado al Estado”, indicó Mesa después de presentar la denuncia ante la Fiscalía.

FRAUDE Y PROCESOS

Apenas renunció Evo Morales a la Presidencia de Bolivia y se fue a México el pasado 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado, en un operativo conjunto, aprehendió a la mayoría de los vocales del TSE, entre ellos a la expresidenta María Eugenia Choque y al exvicepresidente, Antonio Costas, junto a 34 vocales departamentales, todos ellos acusados de haber cometido irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre.

La orden fue ejecutada luego de que la Fiscalía General del Estado, en base al informe de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se estableció la responsabilidad de los miembros del TSE, inició las acciones legales y el precintado de oficinas de este ente.

“Se ha instruido a la Fiscalía General de La Paz el inicio inmediato de todas las acciones legales para el procesamiento y juzgamiento de los vocales miembros del TSE y demás autores y partícipes de estos presuntos hechos irregulares. Para tal fin, se procedió a crear una comisión de fiscales especializados para emitir órdenes, requerimientos, resoluciones que permitan la aplicación medidas cautelares”, explicó en aquella oportunidad Juan Lanchipa, fiscal general del Estado.

Actualmente, el exvocal Antonio Costas, logró medidas sustitutivas con detención domiciliaria, arraigo, la presentación de testigos, fianza juratoria y registrarse los días viernes ante el Ministerio Público de 9.00 a 12.00.

En tanto, la expresidenta del TSE continúa con detención preventiva en la cárcel de Obrajes, después que la pasada semana, la justicia le negó el pedido de cesación de su encarcelamiento preventivo.

En todo este proceso, hasta la fecha, solo los exfuncionarios del TSE son juzgados, a pesar que en sus declaraciones los acusados afirmaron que cumplían instrucciones del Ejecutivo, es decir, del expresidente Morales y su gabinete ministerial.

Para Carlos Mesa, dicha investigación está inconclusa porque hasta la fecha no se tomó en cuenta a los autores intelectuales de dicho fraude, es decir, a Evo Morales, Álvaro García, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.

“Nosotros consideramos que no solamente debe inhabilitarse al expresidente Morales por el tema de residencia (...) también es imperativo tomar consideración de algo clave: el proceso electoral del 2019 fue anulado por la comisión del más gigantesco fraude electoral desde el proceso democrático de 1982 y los autores materiales de ese fraude fueron los miembros del Tribunal Supremo Electoral pero respondieron clara y evidentemente a un autor intelectual: el gobierno de Evo Morales y la prueba obvia de que esto es así es que el beneficiario inmediato y directo de ese fraude fue el candidato Evo Morales y el candidato Álvaro García Linera”, afirmó Mesa.

Agregó que con estos antecedentes no se puede hacer una separación entre el acto material del fraude perpetrado por el Tribunal Electoral y el acto intelectual del fraude que es el beneficiario de dicho fraude.

RESARCIMIENTO ECONÓMICO

Mesa, que compitió con Evo en las elecciones de 2019, también solicitó que en el proceso se gestione que los responsables del fraude reparen al Estado el gasto económico de las elecciones de 2019 cuando se gastaron 217 millones de bolivianos provenientes del Tesoro General del Estado y que fueron echados a la basura, por el fraude electoral.

“El daño económico tiene que ser resarcido por los responsables y sentar un precedente histórico para que ningún presidente aproveche de su cargo y de su poder para alterar la soberanía popular y burlarse del pueblo; y si alguien se atreve a perpetrar un fraude electoral, sepa que va a recibir lo que merece como autor de un delito de esa naturaleza”, advirtió.

Es la segunda denuncia que presenta Comunidad Ciudadana en este tema. La primera fue a principios de noviembre de 2019 antes de la renuncia de Evo Morales y cuando aún Choque, Costas y sus colegas eran vocales del TSE.

“Estamos poniendo una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la señora María Eugenia Choque, en su condición de presidenta del Tribunal Supremo Electoral, así como de los vocales que han participado de estos hechos”, indicó el primer senador suplente de Tarija, Yamil García Delfín.

La acusación contra los vocales era por los delitos de: uso de instrumento falsificado, falsificación de documentos, manipulación informática, además de presuntos hechos de corrupción, como el uso indebido de influencias.