El Gobierno Municipal de La Paz, en el marco del artículo 302 de la Constitución (parágrafo I, numerales 16, 27 y 33, competencias exclusivas de los municipios: “conservación del patrimonio histórico, monumental y arquitectónico tangible municipal; mantenimiento de infraestructura y obras de interés público, y bienes de dominio municipal; así como la publicidad y propaganda urbana”), en 2014 emitió las leyes ediles 092 y 096, además del decreto 023 que aprueba el reglamento de la Ley de Control de Propaganda Política.

Estas normas están en apego a la Ley 026 del Régimen Electoral, que en su artículo 124 establece restricciones o prohibiciones al daño al ornato público en “la difusión o fijación de propaganda electoral”.

El cuerpo normativo aprobado en 2014 es el marco jurídico para garantizar el derecho de los partidos a difundir información, también establece limitaciones al uso del espacio público, en vista de su democratización, y asegura a la ciudad la preservación de su patrimonio, teniendo un régimen sancionador.

Entre las disposiciones jurídicas se considera la reposición del ornato afectado. El espíritu del cuerpo legal es la preservación de la ciudad y garantizar a los habitantes estar libres de contaminación visual.

Regulación. La necesidad de contar con un marco normativo responde a la abusiva actitud de los partidos políticos de pintar paredes de particulares y pegar afiches.

Cabe recordar, como ejemplo, que los denominados Satucos de la ciudad de La Paz taparon con pintura azul y su consigna el mural emblemático de Sopocachi El kallawaya, de Martha Cajías, que fue restaurado por un grupo de artistas y vecinos de la zona, con la participación de la Alcaldía. El pintado de paredes genera también malestar en los vecinos por la contaminación visual.

Desde la vigencia de la normativa, los últimos cinco años hubo un trabajo de fiscalización masiva por parte de la Unidad de Publicidad Urbana, la cual se activa al momento de emitirse el calendario electoral.

En 2015, el abuso contra la ciudad fue masivo y el control no solamente derivó en la emisión de multas y sanciones a los infractores, también se detuvo a más de cincuenta personas entre octubre y marzo. Hubo operativos nocturnos junto con la Policía.

Plan. La regulación en los últimos procesos electorales fue bastante accidentada, debiéndose mucho de esto a la relación interinstitucional con el Órgano Electoral Plurinacional (OEP): en su momento, esta repartición llegó a desconocer la normativa del municipio. Las campañas deben respetar la ciudad, por ello hay límites. Así, por ejemplo, un frente no puede ir a la puerta del Hospital Obrero a repartir afiches acompañado de una banda de música.

Las anteriores autoridades electorales no tomaron en cuenta, por ejemplo, que cubrir con pintura la señalización de tránsito en las vías principales puede causar serios accidentes. En reiteradas ocasiones se solicitó al OEP, mediante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la colaboración para socializar la norma; sin embargo, desde la primera presidenta (Kattia Uriona) hasta la saliente (María Choque) se han recibido respuestas negativas de cooperación, incluso para emitir información básica, que sirve a la Alcaldía para activar procesos sancionatorios; esto incluso llevó a anular actuaciones.

Como parte del control de propaganda en los últimos comicios, se cuantificó los perímetros afectados, se restituyó el pintado y se retiraron los afiches pegados en bienes patrimoniales. Sin embargo, los actores políticos han encontrado nuevas formas de destrucción; por ejemplo, las paradas de los buses PumaKatari han sido dañadas. La reposición afecta a la economía de la ciudad.

En los próximos comicios electorales, nacionales y subnacionales, se apunta a poder planificar y efectivizar, conjuntamente las nuevas autoridades del TSE, una política pública de educación ciudadana y difusión de la normativa municipal. 

La idea no es ser un municipio sancionador, se apuesta a diseñar un plan para que los partidos políticos sean socialmente responsables y desarrollen otros mecanismos que no tiendan a destruir la ciudad. Estas buenas prácticas deberían ser impulsadas en el ámbito nacional.

Sugerencias. Es necesario trabajar no solo con el TSE, sino también con el Tribunal Electoral Departamental, además de los medios de comunicación para tener un amplio desarrollo de actividades.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), al ser el operador de temas relativos a cultura ciudadana y control de la propaganda electoral, debería también emitir un informe considerando las multas aplicadas a partidos políticos por ensuciar la ciudad y verificar su cumplimiento. La norma nacional debería considerar el hecho de descontar recursos del fortalecimiento a la propaganda a la cual accede cada frente político.

Los partidos deben capacitarse en temas relativos al marketing digital y buscar otros medios para difundir su propuesta.