La inscripción de candidaturas y, en especial, las inhabilitaciones y observaciones por incumplimiento de requisitos han puesto en tensión no solo a las organizaciones políticas, sino también a la propia institucionalidad electoral. Con espíritu autoritario, algunas corporaciones y autoridades presionan al TSE para influir en sus decisiones. Eso es deplorable e inaceptable.

Hemos destacado en este espacio el amplio acuerdo político que, con el valioso acompañamiento de organismos como la ONU, permitió la rápida recomposición del Órgano Electoral Plurinacional tras su debacle por las fallidas elecciones de octubre. En ese marco, se asume que la elección concertada de los nuevos vocales nacionales y departamentales les otorga una importante legitimidad de origen. Con esa legitimidad, el TSE emitió la convocatoria y está administrando los comicios generales del 3 de mayo.

El problema es que sigue predominando en el país la lógica perniciosa de elogiar o, en su caso, denostar a las autoridades electorales en función de las exigencias de actores particulares, y no en el marco del apego a la normativa. Estas actitudes, poco democráticas, debilitan a las instituciones y distorsionan los procesos. Es evidente que las decisiones del TSE tienen efectos. Lo importante es que respondan al principio de legalidad, por lo cual deben ser respetadas, y no a base de presiones o amenazas.

A propósito de algunas candidaturas polémicas como la del expresidente Evo Morales o la del exprefecto Mario Cossío, en lugar de esperar la decisión administrativa y, en su caso, jurisdiccional del TSE conforme a derecho, entidades corporativas como el Comité Cívico pro Santa Cruz se declaran en emergencia, exigiendo la inhabilitación de uno y la habilitación de otro, sin ningún fundamento jurídico. Y lanzan amenazas contra el TSE. Y aún peor obra el titular del Fondo Indígena, quien ofrece juicio y cárcel a los vocales.

Si la actuación del organismo electoral es valorada y aceptada en función de si responde o no a presiones e intereses particulares, la situación de las elecciones de mayo es muy crítica. Para empezar, está en duda si todos los actores relevantes aceptarán el resultado de la votación, asumiendo la premisa de comicios transparentes. ¿Si gana mi candidato, la elección fue buena; pero si finalmente pierde, cantamos “fraude”? Estamos ante un serio déficit de cultura política democrática.

A menos de 12 semanas para la votación del 3 de mayo, es fundamental garantizar el normal desarrollo de las actividades que restan en el calendario electoral. Todos los sujetos políticos, además de actores corporativos y poderes fácticos, deben asumir el principio democrático de “certeza en las reglas e incertidumbre en el resultado”. Ello presupone respetar las decisiones del organismo electoral como máxima autoridad en la materia. No es cuestión de quién presiona más, sino de cumplir la ley.