La determinación del jefe de Estado fue ante los cuestionamientos y voces de oposición, mientras representantes del Área Natural de Manejo Integrado  de Río Grande y Valles Cruceños (ANMI) mantienen vigente un recurso de Acción Popular impugnando la ejecución del proyecto ante un juez de Lagunillas en Santa Cruz. 

“No puedo entender que algunas familias y algunos pequeños grupos se opongan sobre los sueños de un departamento, dejo en manos del departamento, superemos  los problemas. Algunas personas que tienen hotelería y empresas turísticas del oriente boliviano, van a Estados Unidos a protestar contra el proyecto Rositas o el Bala y mi queja: yo no escucho ni cómo responder y defender nuestro proyecto”, dijo Morales en la ciudad de Santa Cruz. 

Férrea oposición. En días pasados expertos, los propios municipios involucrados y ambientalistas, catalogaron como inviable su materialización, dado que en lugar de ser una esperanza de desarrollo para Santa Cruz, podría resultar siendo "una pesadilla", dijeron de un anhelado sueño que data de hace 60 años atrás.

Ante ese panorama, Morales, pidió a los dirigentes e instituciones afines al gobierno,  garantizar las grandes inversiones en el departamento de Santa Cruz, como también de otras regiones donde hay proyectos hidroeléctricos.

Un despacho de radio de Santa Cruz de la red Erbol, dio cuenta que en días pasados se realizó un encuentro entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, representantes de la ANMI y dirigentes de los pueblos, posiblemente afectados, para darles una explicación sobre los alcances y beneficios del proyecto Rositas.

El representante de ANMI, Gary Rodríguez, calificó de productivo el encuentro porque se ha consolidado la vigencia de una institucionalidad conformada por la ANMI,  Comité de Defensa Tierra y Territorio de Comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Rositas, autoridades electas y concejales. 

Rodríguez sostuvo que tampoco se abordó el tema de la Acción Popular que  fue presentado en Cochabamba, donde un juez se declaró sin competencia y fue derivado a la población de Lagunillas, donde un juez deberá resolver la viabilidad o no del proyecto que busca inyectar  600 megavatios al Sistema Interconectado Nacional (SIN). “El recurso sigue en pie, sigue, continúa. Es un derecho que han presentado los pueblos indígenas y todo el comité se ha solidarizado, se adhiere y está pendiente del Juez de Lagunillas”, dijo el representante. 

600 Megavatios
De energía es lo que se pretende generar con la hidroeléctrica Rositas.