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Medio: El Día
Fecha de la publicación: miércoles 25 de abril de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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Leyes guarda detención domiciliaria en el caso por la presunta corrupción en la compra de mochilas escolares. La víspera, la responsable de contrataciones de la alcaldía, Carola Ayala, fue aprehendida por la misma investigación.
"Ya el Tribunal Constitucional ha determinado que para que sea suspendido un alcalde se necesita sentencia condenatoria ejecutoriada, hay resoluciones del tribunal", manifestó el jurista.
Tras el procesamiento y detención de Leyes, el oficialismo pidió a los concejales del Movimiento Demócrata Social (MDS), partido al que pertenece el aún burgomaestre, asumir su responsabilidad designando alcalde interino para darle certidumbre a la ciudad de Cochabamba. Los concejales de Demócratas respondieron que no asumirán ninguna acción mientras no llegue una notificación de la justicia haciendo el pedido.
Trigo lamentó que la presunción de inocencia, que debe primar en todo caso, haya sido vulnerada porque "la investigación empezó al revés".
"A la señora Ayala la aprehenden el día de hoy (lunes), sin embargo es una responsable intermedia, yo creo que debería empezar la investigación de principio, la investigación está empezando de atrás para adelante; primero lo han aprendido a la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) que es el alcalde, de manera ilegal e irregular, violando los derechos constitucionales, el derecho al debido proceso", apuntó.
El abogado dijo que en cualquier momento puede demostrar "que esta investigación es ilegal, todo lo que se ha colectado en este caso es ilegal, se ha ido en contra de la Constitución Política del Estado, contra el artículo 190 y 191 del Código de Procedimiento Penal".
Remarcó que en la audiencia cautelar, realizada el sábado, "hemos demostrado que no se ha derogado ni un peso, en el contrato que ha firmado el alcalde Leyes no hay el aporte del 20 por ciento que se determina normalmente en los contratos".
"Al enterarse el alcalde de las denuncias de sobreprecio, ha ordenado la paralización de la compra y la resolución del contrato, y la empresa 26 de Febrero, que se había adjudicado esa licitación, ha dado su aceptación con esa resolución", señaló.
En conclusión, dijo, los delitos por los que se le acusan al alcalde "son delitos de corrupción y económicos, son de resultados, lo que quiere decir que aquí no hay nada en contra del alcalde" porque no erogó recurso alguno.