Entre el 24 de febrero y 18 de abril, los bolivianos tendrán la oportunidad de impugnar las candidaturas, toda vez que se abrirá la etapa de presentación  de demandas de inhabilitación.

En ese tiempo, las personas o políticos podrán interponer demandas para inhabilitar a algunos candidatos, de quienes tengan documentación que avale la observación que realizan. 

La Ley 026 de Régimen Electoral en el artículo 209, textualmente señala: Las demandas de inhabilitación serán interpuestas hasta quince (15) días antes de la elección, para el caso de candidaturas o postulaciones a funciones con jurisdicción nacional, ante el Tribunal Supremo Electoral y, en los demás casos, ante los Tribunales Electorales Departamentales. Vencido el plazo, excepcionalmente, se admitirán demandas de inhabilitación hasta tres (3) días antes de la votación, por hechos sobrevinientes comprobados. 

En ese sentido, el TSE tiene la obligación, como dijo el titular el ente electoral, Salvador Romero, de dar curso a las demandas que se vayan a presentar y otorgar una respuesta definitiva.

Por lo pronto, el TSE ha emitido dos informes entre el domingo y el lunes. El primero referido a los candidatos observados, entre ellos el expresidente Evo Morales que se postula a primer senador por  Cochabamba; el candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, el postulante a primer senador por Tarija, Mario Cossío. Estos y otros observados deberán presentar la documentación que les falta para seguir o no en carrera.

En este punto, el ente electoral tiene una tarea complicada, pero posible de cumplirla, siempre apegado a las leyes electorales vigentes. Asimismo, los políticos, como Jorge Quiroga que anunció impugnar la candidatura de Morales, deben actuar dentro el marco legal y hacer lo que tengan que hacer respecto a algunos postulantes. Lo mismo sucederá con otros que no estén de acuerdo algunas candidaturas. 

Desde ya, lo que se espera del Tribunal Supremo Electoral es una acción transparente e imparcial respecto a la decisión que tome sobre los aspirantes que no reúnen los requisitos que manda la ley.