“A la Agetic se le está dando la autorización de poder manejar los datos que se van a acumular de diferentes instituciones, todos los datos posibles se van a almacenar en una plataforma que lo administrará esa instancia (…) tendrán el registro de las actividades que realiza la población”, explicó el experto.

El proyecto de ley fue presentado a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja para que sea evaluado, en este marco el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, indicó que solicitarán un informe al director de la Agetic, Nicolás Laguna, para que explique los alcances de la propuesta.

ALCANCES

López explicó que este nuevo proyecto amplía las atribuciones que tiene la Agetic, para acceder a los datos personales de los ciudadanos, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa ya aprobó la Ley de Control de Datos, donde se establece un intercambio de información entre el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de Identificación Personal (Segip), a través de una plataforma de interoperabilidad administrada por esa unidad gubernamental.

En la fundamentación expuesta en el proyecto de ley para la implementación de la ciudadanía digital, señala que está en el marco de la puesta en marcha del gobierno electrónico para modernizar y transparentar la gestión pública, otorgando servicios y atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho a la información.

La Agetic fue creada mediante decreto supremo, el 9 de septiembre de 2015 y entre sus funciones está de elaborar, proponer e implementar políticas y estrategias de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación para las entidades del sector público.

El artículo dos del proyecto de ley, establece su aplicabilidad a todas las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, en todos los Órganos y niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Su implementación será paulatina conforme a la capacidad institucional de las mismas.

CIUDADANÍA DIGITAL

Según el documento, la ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado.

OBSERVACIÓN

Por su parte, el diputado Santamaría dijo que las autoridades deben explicar el proyecto: “Con un gobierno que no respeta los derechos, la desconfianza prima, y nosotros creemos que puede tener finalidad política, electoral y judicial”, cuestionó.

Este mismo criterio fue compartido por el experto López, que señaló que coyunturalmente el proyecto será cuestionado, debido a que estamos en una etapa prelectoral, lo que genera desconfianza de que los datos sean manipulados a favor del partido oficialista.

BENEFICIOS

Pese a estas observaciones, López dijo que estas acciones son de beneficio para la desburocratización de los trámites en las entidades públicas, pero que estén a cargo de unidades desvinculadas con el gobierno central.

A la par propone la creación de una institución y normas para la protección de datos, si bien los artículos 131 y 132 de la Constitución protegen la privacidad del ciudadano, no son suficientes, porque no existe una instancia donde se pueda denunciar en caso de que se vulnere la privacidad.

CONTROL DE DATOS, APROBADO

A pesar de la resistencia de la oposición que planteó un control constitucional antes de su aprobación, el proyecto de Ley de Control de Datos, que permite a la Agetic acceder a los datos personales, el pasado viernes el Senado sancionó la norma sin ninguna modificación. Solo queda que el Ejecutivo promulgue la norma.

El proyecto que incorpora el artículo 79 “BIS” a la Ley 018 del Órgano Electoral, determina el intercambio de los datos entre el Servicio de Registro Cívico y el Servicio General de Identificación Personal, a través de una plataforma de interoperabilidad administrada por la Agetic.

NORMA

El artículo IV permite que el Órgano Electoral pueda realizar contratos y convenio con empresas públicas o privadas para que puedan acceder a la información del Sereci y Segip.

En el parágrafo V señala que en el intercambio e información entre ambas instancias será a través de una Plataforma de Interoperabilidad administrada por la Agetic.

Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados se hizo algunas modificaciones en la norma donde se introdujo la Disposición Única Transitoria, a objeto del cumplimiento del parágrafo IV del artículo 79 el Tribunal Supremo Electoral en un plazo de 90 días calendario debe emitir la reglamentación para permitir que las personas den su consentimiento al acceso de la información por terceros.

CPE

- En el título de los Derechos Fundamentales y garantías de la CPE, en el parágrafo III del artículo 14 dice: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos”.